Sabemos que en este mundo neoliberal la voluntad de buena parte de las empresas es mantener al personal en condiciones de precariedad y vulnerabilidad.
Sin embargo, las leyes que rigen a la empresa privada obligan a que cuando, en un plazo de 30 meses, la persona que hubiera estado contratada durante más de 24 meses en la misma empresa, acreditando 2 o más contratos temporales, debe pasar a formar parte del personal indefinido.
En el año 1999, el Consejo de la Unión Europea consideró que esto debería afectar también a las personas que trabajaban para la administración de los diferentes gobiernos de los países miembros. Para ello elaboró la directiva 1999/70 CE, en la que insta a que los miembros de la Unión Europea adapten sus legislaciones para que no se produzca un abuso en la contratación.
En clave local hay que señalar que en Asturias en esos tiempos reinaba la zozobra con el gobierno de Sergio Marqués enfrentado con uno de los líderes políticos de su partido: Francisco Álvarez Cascos.
A su vez, en la Federación Socialista Asturiana (FSA) se hacían todos los preparativos para tomar el relevo que daban por seguro en las elecciones que se iban a celebrar el 13 de junio de 1999.
Sin duda el tema estrella del momento era el traspaso de competencias en enseñanza no universitaria que había firmado el gobierno regional con el central, presidido por José María Aznar. En la sede del PSOE no les salían las cuentas, y renunciar a dicho traspaso no parecía estar entre sus planes. Tuvieron claro en todo momento que para cuadrar cuentas tendrían que recurrir a la fórmula del personal interino. Dicho personal realizaría el mismo trabajo, tendría las mismas responsabilidades, pero sus derechos estarían mermados (entre ellos el derecho a acumular antigüedad): personal barato de usar y tirar. Antes de que el PSOE tomase posesión apareció en escena la directiva europea, pero nadie en el ámbito del poder pareció haberse dado cuenta.
El traspaso de las competencias en educación tuvo lugar el uno de enero del año 2000, y la tasa de interinidad, como era de esperar, fue en aumento. Se convirtió en norma reducir la oferta de plazas en las oposiciones a mínimos y, en algunas especialidades fue inexistente.
En el año 2007, y no sin pelea previa, se reconoció el derecho al cobro de trienios por parte del personal interino. Así con todo, aún seguía resultándole barato a la administración.
El último punto de esta secuencia local lo marcaría el triunfo del personal interino en enseñanza al conseguir que se le reconociesen los sexenios en el 2013. Esto lo igualaba económicamente al personal fijo. La modificación del acuerdo de personal interino de educación en 2014, restándole peso a la antigüedad para la confección de listas y para oposiciones, sólo se puede entender en esta dinámica de empresa neoliberal. Ni más ni menos.
Parece que, de una forma u otra, con sus variantes específicas, lo que ha ocurrido en Asturias con Educación ha pasado en otros sectores de las administraciones locales, regionales y estatales.
Sólo la insistencia de Europa sobre el hecho de que se estaba incurriendo en un fraude por contratación excesiva, y que se condicionen fondos COVID como presión para que se solucione este tema, ha hecho que de una manera sui géneris se tomasen cartas en el asunto. Ahora pretenden que las plazas sean ocupadas lo antes posible y olvidarse de las víctimas del abuso. Nadie se hace responsable de la mala praxis, porque, en el fondo todos los partidos políticos que han tenido responsabilidad de gobierno saben lo que han hecho.
El 27 de enero se nombró a un nuevo ministro, Miquel Iceta, para hacer frente al asunto. Éste pidió tiempo para resolver un problema con veintiún años de antigüedad, alegando que era un recién llegado.
Fue el 5 de julio cuando firmó con los sindicatos mayoritarios de la administración el llamado «Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas» que sirve de base, con ligeras modificaciones, para el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de Julio. El acuerdo sólo contempla el problema desde el punto de vista de la Administración (empresa). Además, deja pendiente aclarar la situación de los dos sectores que acumulan la mayoría del personal interino: Sanidad y Educación.
Tal vez ayudó para la firma del acuerdo el que el 26 de febrero del presente 2021 el Ministerio de Trabajo y Economía Social decidiese aumentar un 56% las ayudas directas de las que se benefician dichos sindicatos.
Y tras cinco meses en el cargo el ministro, «satisfecho», cambió de cartera.
Cuando queremos tener razón a toda costa y los argumentos no nos acompañan gritamos, generamos todo el ruido posible y esto es lo que han hecho en los últimos meses los sindicatos que negociaron con el ministerio y el propio ministro. Hasta el punto de invertir la visión del problema. La prensa, en general, ha presentado un relato diciendo que la Administración tenía un exceso de personal interino, y que necesitaba reducir la tasa al 8%. Dicho de otra manera, el personal interino se presentó como carga y no como víctima de la mala praxis de la Administración.
Ante las dudas que generan las propuestas de solución para quienes han sufrido el abuso por parte de la Administración surgen voces que las tildan de ilegales e inconstitucionales. Estas voces son parte del ruido. Las leyes deberían de haberse adaptado al marco europeo y no se quiso. Y por lo que se refiere a la Constitución sabemos que se puede reformar en 24 horas. ¿O no?
La Ley no debería entrar en conflicto con lo que es de justicia. Tal es la postura que defendían en este debate María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y el exministro socialista Jerónimo Saavedra. Éste último ha recordado además que en los 90 se convirtió a los «Profesores no Numerarios de la Universidad» (PNNs) en funcionarios por decreto, mediante un concurso de méritos. Parece que ninguna de las partes firmantes los escuchó.
Se invocan sistemáticamente los principios que se deben garantizar en el acceso a la función pública y se citan como un mantra: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Pero se olvida que deben de ir acompañados por los de trasparencia y seguridad jurídica. Parece que la Administración no ha garantizado estos requisitos para el personal en abuso de temporalidad, jugando a convocar plazas por debajo de las necesidades de manera sistemática.
Debemos recordar que para acceder a estas plazas precarias se exigen una serie de requisitos. Una persona con título de ebanistería no podrá desempeñar funciones de enfermería. No es lo mismo ocupar un puesto de administración en un ayuntamiento, de psicología en el ERA, de enfermería en el SESPA o una plaza en el sistema público de enseñanza. Las tareas son diferentes y las maneras de ocupación de las plazas también.
Parece que «recompensar» al personal interino y echarlo a la calle como defiende (y ejecuta) el vicepresidente regional, el señor Cofiño, es otra tomadura de pelo. Personas que durante años son víctimas de la mala práxis de la Administración y que han desempeñado labores necesarias para el conjunto de la sociedad tienen que irse para su casa con pocas expectativas de futuro. Un paquete con unos pocos caramelos, y todo alegría. Las víctimas piden reparación, no recompensas. Y en este sentido cabe recordar las palabras del filósofo Walter Benjamin cuando afirma que «dejar hablar al sufrimiento, es condición de toda verdad».
Con un futuro incierto para el colectivo interino de Educación en Asturias, la Consejería de Educación ha cambiado de titular y el nuevo nombramiento ha recaído en Lydia Espina López. En la toma de posesión, que tuvo lugar el 29 de julio pasado, ha señalado que «escucha activa, diálogo y empatía» serán los pilares fundamentales de su trabajo. Vemos el cambio con cierta esperanza. Tal vez no se deje arrastrar por el cargo y las cuentas, recordando que ella también ha sido interina de la Consejería que ahora preside.
Acaba de empezar y el camino se hace al andar. Parece que lo que toca es desearle buen criterio y suerte.
*Merced Mediavilla Martínez / Alejandro Riva Collada