Cuando el Gobierno va por un lado, una jueza por otro y el Tribunal de Cuentas por un tercero, es natural que se produzca una sensación de caos. Si, además, la información se basa en suposiciones y la oposición trata el asunto como caso de corrupción, la sensación de caos se convierte en caos clamoroso. Es lo que ocurre en el oscuro caso del rescate a la compañía de aviación Plus Ultra.
El Gobierno asegura que ese se hizo con todas las garantías legales. Una jueza de instrucción de Madrid paralizó cautelarmente durante cinco días la segunda entrega de dinero, que se debería efectuar pasado mañana. El Tribunal de Cuentas archivó la investigación de Plus Ultra porque el dinero concedido no perjudica a las cuentas del Estado. Y la sospecha de trato de favor, con Venezuela por medio, está en el mensaje del PP, de Vox y Ciudadanos, hasta el punto de que algún comentarista llegó a plantear si Plus Ultra podría ser la causa oculta del cese de José Luis Ábalos.
Ayer se conoció la decisión del Tribunal de Cuentas. Para un catalán secesionista será una más a añadir a su memorial de agravios, aunque no tenga razón. Y para muchos ciudadanos la sorpresa es que la ayuda económica no es a fondo perdido, sino un crédito normal y corriente. Si esto es así, la polémica no se agota, pero se centra en otro perfil: la celeridad del Gobierno para dar ese crédito, mientras sectores enteros sufrieron pérdidas gigantescas sin que hayamos visto la misma rapidez administrativa.
La corrupción, de existir, no sería que alguien metiese dinero público en su bolsillo privado, sino en la diferencia de trato. Todo ello, agravado por considerar a Plus Ultra como empresa estratégica, calificación exagerada para una compañía que opera con un avión y con el chavismo metido en su estructura empresarial.
Ahora, el gran desafío institucional es que la decisión del Tribunal de Cuentas no se convierta en un motivo nuevo para su descalificación, a pesar de las críticas que le haga el independentismo, que tanta eficacia demuestra en su estrategia de comunicación.
A mi juicio, si la juez suspendiese definitivamente las ayudas, el perjuicio sería doble: por una parte, el Estado tendría muy difícil cobrar los 19 millones ya entregados, circunstancia que ya fue avisada por la Abogacía del Estado. Por otra, abriría una polémica sobre la bondad de la Justicia ordinaria y la maldad del Tribunal de Cuentas. Solo el archivo por parte de la jueza la evitaría.
Y, por parte del Ejecutivo, debería aplicarse la vieja doctrina de la mujer del César: además de ser honrada, tiene que parecerlo. Y la única forma de parecerlo es poner todos los datos sobre la mesa: el expediente de Plus Ultra y las demás ayudas que se han concedido. Es decir, transparencia absoluta. Tampoco estaría de más conocer las razones del cese de Ábalos. Pero comprendo que esto último es mucho pedir.