Cuando Biden repite, dirigiéndose al resto del planeta, que «America is back» (que América ha vuelto) ya sabemos que su visión hegemonista de superpotencia le lleva a usar el nombre de un continente -que incluye, ni más ni menos, a toda Iberoamérica- como si todo fuera Estados Unidos o que toda América fuera suya. Además, su América nunca se fue, Estados Unidos nunca ha dejado de intervenir -política, económica y militarmente- en los asuntos de los demás países del mundo, tratando así de mantenerse como la única superpotencia realmente existente.
Y así sucede con la presencia estadounidense en los fondos europeos. Los dirigentes europeos se han mostrado encantados con la reciente visita del presidente Biden a Europa y la «vuelta de América» para liderar la alianza occidental después de cuatro años de encontronazos con Trump. El «emperador» de Occidente se presentó con su principal propuesta geoestratégica global: alistar a Europa en un frente común contra China; pero también con un ambicioso plan económico destinado a reforzar los intereses del gran capital norteamericano y sus corporaciones en el mundo.
Nadie cuestiona que a corto plazo las «ayudas europeas» vayan a paliar algunas de las consecuencias más graves de la crisis -aunque ya estamos viendo que las medidas paliativas como el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas a los autónomos y pymes son insuficientes, no llegan o llegan tarde a cientos de miles de familias, y de pequeños y medianos negocios, que realmente se están quedando atrás-, y también España es el país europeo donde más se han recortado los salarios durante la pandemia, llegando a un 12,7% de media.
Mientras, en el otro extremo, las grandes empresas y la banca anuncian la recuperación de beneficios como antes de la pandemia. Y Bruselas aprueba un Plan de Reconstrucción presentado por el gobierno donde el 70% de los fondos europeos se lo van a llevar diez megaproyectos presentados por un puñado de grandes oligopolios, como el voraz oligopolio eléctrico.
Pero hace un año Estados Unidos ya estaba en el origen de todas las decisiones. El 15 de junio de 2020 la megacumbre de la gran patronal, la CEOE bajo el título de Empresas Españolas Liderando el Futuro solo representaba a la clase dominante española -la oligarquía financiera, a través de los presidentes y altos ejecutivos de las grandes empresas de la energía, constructoras y la banca- pero también de los representantes del gran capital norteamericano que opera en España -como la banca JP Morgan, la primera institución bancaria de EEUU, las consultoras Deloitte y PwC, dos de las conocidas como las Cuatro Grandes Auditoras mundiales, las tecnológicas como Facebook. Y en esa cumbre se diseñó un programa para la salida de la crisis de acuerdo con las exigencias de la clase dominante estadounidense.
Exigencias que significan un gigantesco aumento de la deuda para financiar con dinero público no solo los costes de la pandemia sino los negocios oligárquicos y del capital extranjero, y que se haga sin que se toquen sus ganancias. Significa un control total sobre los fondos europeos que resulta que las grandes empresas se lleven al menos dos tercios de los 140.000 millones de euros, es decir, casi 100.000 millones de euros. Significa una década de recortes, ajustes y reformas estructurales -con las pensiones y la reforma laboral como objetivo clave-, y con una subida de impuestos al 90% de la población, una vez dominada la pandemia e iniciada la recuperación. Significa impulsar y aumentar la entrada masiva del capital extranjero, principalmente estadounidense.
Y, especialmente peligroso, que todo esto se lleve a cabo imponiendo un «consenso político y con los agentes sociales» para que todas las reformas sean estructurales y permanentes. Lo que ya se está fraguando en torno al Plan de Recuperación aprobado por Bruselas. Y que se ha evidenciado con el apoyo al gobierno en la decisión de los indultos expresado no solo por la «española» CEOE sino también por el estadounidense New York Times.
Pero ¿cómo interviene Estados Unidos?
En primer lugar, políticamente, a través de las estructuras de la UE. El reparto de los fondos asienta nuevas condiciones que incrementan y refuerzan el control y la intervención de EEUU y Alemania a través de la Comisión Europea y el Consejo de Europa, sobre todo. Las grandes potencias se han garantizado que el acceso a las ayudas está condicionado a la presentación de un plan que debe incluir las reformas exigidas por la Comisión, que debe ser aprobado y que estará sometido a revisiones semestrales de las cuales dependerá la concesión de las ayudas, que podrán ser bloqueadas en caso contrario.
» -con el que cualquier país podrá bloquear o retrasar las ayudas- las grandes potencias se garantizan la capacidad de intervención directa. Así, Estados Unidos actúa a través de los conocidos como países «frugales» -con Holanda como cabeza de los «halcones del norte»- que son auténticos «caballos de Troya» del imperialismo norteamericano. El «freno» no es estrictamente un «derecho de veto», pero sí un «derecho de bloqueo» que supone un importante factor de presión política.
Pero Estados Unidos también interviene a través de los organismos internacionales como el FMI y la OCDE. Con Biden estos organismos han incrementado su actividad para reclamar las mismas reformas que exige la UE. En la cumbre de la OCDE Alemania ha dicho que «España con un 120% de deuda va a tener que hacer ajustes fiscales para reducir el déficit y que más pronto que tarde va a tener que hacer recortes», incluyendo las pensiones. Y tanto el FMI como la OCDE piden la profundización de la reforma laboral combinando la reducción de los tipos de contratos con la implantación de la llamada «mochila austríaca».
Y en lo económico Estados Unidos participa directamente en la gestión de la deuda pública española y es receptor privilegiado de los fondos europeos mediante el control de cada vez más empresas en sectores clave de nuestra economía.
El control de la deuda. El Plan de Reconstrucción aprobado por la UE supone convertir en deuda mutualizada 800.000 millones de euros en los próximos cinco años -que la UE sacará al mercado-, y que junto con otros 100.000 millones del plan SURE -con el que se están financiado los ERTE y las ayudas a los autónomos- serán 900.000 millones que acabarán en manos de los grandes fondos extranjeros y los bancos. Según un informe de CaixaBank, los compradores de la deuda de los bonos SURE y de la primera emisión de bonos del Plan de Recuperación han sido: el 89% compradores europeos, encabezados por Reino Unido (23%) y Alemania (20%); y por el tipo de compradores: las gestoras de fondos de inversión y los bancos acaparan el 65%. Bancos como Morgan Stanley, JP Morgan, Deustche Bank, Citigroup, Bank of América, BNP Paribas, HSBC, Santander, Barclays, Crédit Agricole, y así hasta 39 bancos que a su vez actúan como” colocadores” de las emisiones de deuda y cobran sustanciosas comisiones. Todos estos grandes bancos y fondos de inversión quieren hacer de la deuda mutualizada de la Unión Europea una de sus principales fuentes de negocio.
Como receptor de las ayudas. El Plan de Reconstrucción presentado por el gobierno en Bruselas, y aprobado por la Comisión, favorece los planes y negocios de las grandes empresas del Ibex35 y del capital extranjero. El dinero de las «ayudas europeas» se reparte entre los megaproyectos presentados por los oligopolios y grandes empresas de la oligarquía y el capital extranjero: solo 10 de esos proyectos de inversión absorberán el 70% de los fondos europeos.
Son grandes proyectos de infraestructuras, de transición verde y reformas como las de la vivienda acaparadas por empresas del IBEX-35 como Endesa e Iberdrola, Repsol, Naturgy, Volkswagen, Ford y ACS, que se llevarán miles de millones de dinero público. Además, la gestión de estos fondos va a estar en manos de la banca, que pide 4.000 millones de euros por su gestión. Y el gran capital norteamericano, sus fondos de inversión y sus bancos, serán los grandes beneficiados de las ayudas como principales accionistas de la mayoría de estas empresas, una relación que con la pandemia no para de aumentar.
En 2018, según Bolsas y Mercados Españoles los inversores extranjeros poseían el 45% de las acciones del IBEX-35. Y en marzo de 2021, según la estadística elaborada por el Banco de España, el valor de las acciones en manos extranjeras ha aumentado hasta el 57,21%, con un valor de 312.547 millones de euros; 12 puntos más que tres años antes. En el año de la pandemia, 2020, la inversión extranjera ha caído a nivel mundial, menos en España, donde ha aumentado un 50% y el principal componente ha sido el capital norteamericano. La aprobación por el gobierno de un decreto «anti OPA» de forma temporal mientras durara la pandemia -un intento de proteger a las empresas españolas de sectores estratégicos- no ha podido evitar la quiebra de Abengoa acosada por los bancos acreedores, la OPA sobre Naturgy, la conversión de JP Morgan en el segundo accionista de Repsol -con el 6,8% de las acciones-, y la del fondo buitre americano Blackrock en el segundo accionista de Bankia -después del Estado- con el 4,3% del capital.
Las «ayudas europeas» del Fondo de Reconstrucción, de los que España podrá recibir 140.000 millones de euros, se han convertido en un instrumento fundamental y estructural de intervención y control de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos y Alemania, para una salida de la crisis en función de sus propios intereses y de los grandes capitales domiciliados en Washington y Berlín, para imponer así un nuevo salto en el saqueo a la población y en la degradación política de España que llevan ejecutando desde la crisis de 2008.