Hay un periódico, La Razón, que decía ayer en su portada: «La derrota de Calvo con la Ley Trans la saca del Gobierno». Calvo no es la conservera gallega, sino la vicepresidenta primera de los ejecutivos de Pedro Sánchez. Lo fue antes de las elecciones y lo sigue siendo ahora en la coalición con Unidas Podemos. Es, además, la voz de la ortodoxia socialista, aunque José Luis Ábalos le ocupa espacio en los últimos tiempos. No acabo de ver a Pedro Sánchez llamándola a su despacho para decirle: «Lo siento mucho, Carmen, me duele en el alma, pero tengo que prescindir de tus imprescindibles servicios». Hay otra fórmula, que es no decirle nada y, cuando ella pida explicaciones, responderle lo mismo que Franco a un ministro de Comercio que él mismo había cesado: «Desengáñese, Arburúa, vienen a por nosotros».
Estamos, como digo, en la norma conocida como «ley trans», cuyo proyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros. Desde el principio de su elaboración se supo del enfrentamiento entre Carmen Calvo e Irene Montero. De todos los conflictos entre el sector socialista y el populista en el gabinete, este ha sido el más largo y el más sensible porque chocaban dos personalidades muy acentuadas y dos sensibilidades que mueven pasiones. Carmen Calvo conectó con el feminismo que entiende que la elección de género no es una feria donde cada cual elige el sexo que quiera, con la única condición de tener 16 años. Irene Montero representa a la izquierda cuyo sentido de la igualdad comienza en las cuestiones sexuales y la libertad consiste en la vía libre a todas las necesidades, aunque no parezcan muy responsables.
Parece que ganó Montero. Y hay un indicio muy pesimista para Calvo: cuando la ministra de Igualdad dio las gracias en la rueda de prensa del Consejo, se las dio al ministro de Justicia, e ignoró a la vicepresidenta. Sonó como una sentencia de muerte política para Carmen y como un toque divino para Juan Carlos Campo, brazo jurídico del Gobierno en los temas más espinosos de la actualidad. Solo le falta hacer un dictamen por el cual las resoluciones del Tribunal de Cuentas sean ilegales si perjudican a líderes catalanes. Calculo que lo veremos en un par de semanas. Como mucho, después de las vacaciones de agosto. Tal como van las cosas, sería extraño que Pedro Sánchez le negara ese regalo a Junqueras y Aragonés.
Hechas estas anotaciones puramente políticas, digamos algo: la «ley trans», si se le quita eso de la autodeterminación de género de personas que aún no pueden votar ni tener carné de conducir, es una norma necesaria.
Habrá que pulirla en el debate parlamentario, pero como idea merece un aplauso. Los «trans» no llegan al 0,4 por ciento de la población, pero son un conjunto de personas desprotegidas, maltratadas y con grave riesgo de exclusión social. Reconocer y garantizar sus derechos es un principio de justicia elemental.