El Tribunal de Cuentas es otra de las instituciones desconocidas de este país. Y, sin embargo, tiene una de las funciones más importantes para fiscalizar y en su caso enjuiciar el mal uso de los recursos públicos. Desdichadamente para el Tribunal, sus trabajos solo se publican cuando descubren alguna irregularidad. Si las cuentas de un municipio, de una autonomía, de un partido político, del Gobierno o de otra institución son contablemente correctas, nadie habla del Tribunal de Cuentas, como nadie habla de los funcionarios que cumplen su horario y sacan adelante sus papeles. Por ser un organismo poco conocido, que solo molesta a quienes malversaron o no justificaron el gasto del dinero público, tampoco nadie se había preocupado del partido que propuso a su presidente. Es, por tanto, un lugar donde se podía trabajar con tranquilidad y sin la presión de los focos.
Esa bonanza ha terminado. Ahora sabemos que el Tribunal de Cuentas lleva cerca de 30 años controlado por el PP, detalle que nunca se le había reprochado. Se sabe también que el PP se opone a la renovación de sus miembros, como si fuese el Consejo del Poder Judicial. Y ha pasado desde el práctico anonimato a protagonista de la gran actualidad, hasta el punto de que el señor Ábalos lo considera «un escollo en la agenda del reencuentro» y para los independentistas catalanes representa también la «persecución represiva de otras organizaciones del Estado». Todo, porque el Tribunal investigó los gastos ilegales del referendo catalán de 2017 y encontró que sumaban más de diez millones de euros: 5,4 millones en promoción internacional y 4,8 en gastos de organización de la consulta.
Y, mecachis, ese dinero hay que reponerlo en el lugar de donde se extrajo. Y, como no cayó del cielo, se reclama a quienes lo sacaron o autorizaron su salida de ese lugar: un total de cuarenta antiguos altos cargos de la Generalitat. Son una pequeña parte de los 3.000 que el independentismo llama «represaliados». Y parece que duelen especialmente porque las decisiones del Tribunal afectarán a algo que duele tanto como la pérdida de libertad: la cartera. Cuando el encausado fue Artur Mas y su equipo, nadie levantó la voz para protestar: se hizo una recogida popular de dinero para ayudarles, se pagó y hasta hoy.
Ahora las cosas ya no son así. Ahora estamos en el tiempo de los indultos y los perdones, y una de dos: o se perdona esa deuda, o se renueva el Tribunal, o incluso se disuelve, que de todo eso se oyó estos días. «¿Pero esto qué es?», se preguntaba ayer Pablo Casado. El líder del PP tiene que leer más a José Luis Ábalos: hubo un tiempo, dijo el ministro, donde el Estado tenía que demostrar que sabía reaccionar y exigía el cumplimiento de las sentencias, y ahora lo que toca es terminar con la imagen de Estado represor. Dicho por un ministro del Gobierno. Criterio de calidad.