Después de décadas de casos dramáticos de personas que en situaciones límite reclamaban públicamente el derecho a morir con dignidad sin obtener ninguna respuesta de las instituciones, finalmente las Cortes Generales aprobaron la primera ley de eutanasia. Una de las contadas leyes de eutanasia aprobadas en los últimos años en el contexto europeo, que junto a la incógnita de la portuguesa, se han incorporado a la reducida lista de las existentes desde finales del siglo pasado, como es el caso de la ley holandesa que a fecha de hoy, cuenta con una ya larga experiencia de aplicación y que recientemente se ha confirmado que cuenta ya con el apoyo de casi el 90% de los ciudadanos holandeses. En España, estos casos y su repercusión pública han ido sensibilizando a los sanitarios, los juristas y la opinión pública con relación a la despenalización de la eutanasia. Hasta el punto de que desde finales de los 90 el apoyo social a la regulación de la eutanasia es cada vez más mayoritario. Frente a una respuesta institucional, sin embargo, cuanto menos tímida, que ha ido desde la despenalización parcial de la eutanasia en el código penal al impulso a los cuidados paliativos, entendidos estos erróneamente como una suerte de sucedáneo o sustitutivo de la eutanasia. Cuando en unos se trata de evitar el sufrimiento en el proceso natural del morir y la otra sin embargo de reconocer el derecho humano a decidir activamente morir en determinadas situaciones como «una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento crónico e imposibilitante que suponga una pérdida mayor de la autonomía y que provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».
Los casos más recientes como el de María José Carrasco y Maribel Tellaetxe, y el cambio político con el gobierno de coalición de las izquierdas han facilitado las condiciones para la aprobación de la ley que reconoce el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido.
Cuando se cumplen los tres meses previstos para la efectiva aplicación de la ley, y para no perder la costumbre, el PP ha decidido en el último momento recurrir la ley de eutanasia ante el Tribunal Constitucional, coincidiendo con las mismas fechas en que éste había decidido rechazar la paralización de su entrada en vigor solicitada por Vox en su recurso. Los argumentos esgrimidos van desde la alternativa de la ley de cuidados paliativos y la manida pendiente deslizante, la objeción de incidencia de los profesionales sanitarios o el delirante argumento eugenésico, este último agitado paradójicamente por la extrema derecha.
Ante todo, se niega la autonomía de la persona para decidir el final de su vida como derecho a ejercer con ayuda y garantías, asimilándola a la sedación terminal de los cuidados paliativos. Precisamente el mismo partido popular que no ha dudado en estigmatizar los cuidados paliativos, criminalizando a profesionales y servicios como el del fallecido Doctor Montes, mediante un bulo y un proceso inquisitorial sobre eugenesia y mala praxis, que finalmente fue desmentido por los tribunales de justicia madrileños y que a estas alturas todavía no han tenido la decencia de rectificarlo y mucho menos de pedir perdón. Cuando no aluden al estímulo del entorno familiar o social con el apoyo de las administraciones dentro de la denominada pendiente deslizante de la eutanasia o incluso entrando a formar parte de las teorías conspirativas de una supuesta estrategia eugenésica del Estado encaminada a generalizar su utilización por oscuras razones económicas o sociales. Cuestiones ambas que se han visto negadas contundentemente por la realidad de los datos de los países donde estas leyes se vienen aplicando.
Sigue con ello el PP, la estela de sus recursos a todos los avances en el reconocimiento de nuevos derechos civiles en España, como ya hiciera con el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual y la adopción, en coincidencia con la jerarquía de la iglesia católica y los sectores sociales más conservadores.
Son los mismos argumentos que han sido agitados por sectores conservadores de la iglesia y de los colegios profesionales, que aún hoy, tan pronto reclaman su participación en los órganos de evaluación previstos en la ley, como pretenden boicotear la ley llamando a la objeción de conciencia o pervirtiendo las comisiones de garantías del ejercicio del derecho a morir dignamente, transformándolas en meros filtros para disuadir o para torcer la voluntad del solicitante.
Con la reciente entrada en vigor de la ley de eutanasia en España, las CCAA han acelerado el nombramiento de los miembros de la correspondiente comisión de evaluación y garantías entre sanitarios y juristas. Antes, el Consejo Interterritorial del SNS ha aprobado el protocolo a seguir ante la solicitud de eutanasia o suicidio asistido y en fechas próximas se hará lo mismo con el manual de buenas prácticas y la autorización de los medicamentos a ser utilizados al efecto.
El protocolo incluye la entrevista clínica mediante el «MiniMental test» de carácter cognitivo y dos instrumentos adicionales en caso de duda para la evaluación de la capacidad y para la capacidad para el tratamiento. Todo ello encaminado a garantizar el derecho a la muerte digna confirmando la decisión consciente del solicitante.
El Manual de buenas prácticas incorpora las recomendaciones sobre los medicamentos e incluye modelos de los principales documentos necesarios para el desarrollo del proceso, entre otros la hoja de información sobre la eutanasia, el formulario de la solicitud y la del consentimiento informado o los requisitos para la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Por otra parte, la comisión de formación continuada también contribuirá a la formación específica de los profesionales sanitarios con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho.
En definitiva, todos estos procedimientos son la demostración de que para los poderes públicos nos encontramos ante un derecho que debe garantizarse mediante un proceso serio, a tratar de forma delicada y con garantías. Precisamente porque forma parte del derecho a la vida y a la dignidad del ser humano. Nada menos