«El Gobierno de Asturias está tramitando la declaración como montes vecinales en mano común (MVMC) de montes públicos (MP) repartidos por toda la región. Una decisión histórica que podría mover, de forma irreversible, la frontera entre lo público y lo privado. De aprobarse, sería un atraco y un pelotazo más contra lo que es de todos. Igual que Bolsonaro con la Amazonía».
Comienza erróneamente un artículo de opinión del exdirector general de Montes. Los montes considerados en Asturias como de utilidad pública, comúnmente de titularidad municipal pero de control regional por convenio, fueron usurpados previamente a las comunidades locales. Lo que está comenzando a ocurrir es un proceso de devolución de montes, no de pelotazo contra lo que es de todos. Lo equivalente en la Amazonía brasileña a las clasificaciones de los montes como vecinales en mano común sería la devolución de la selva a las comunidades indígenas que siempre la habitaron y utilizaron de forma sostenible.
Si los montes tienen un elevado valor ambiental que les hizo ser considerados de utilidad pública se debe a que los usos tradicionales, básicamente ganaderos, crearon esos ecosistemas que supuestamente se quieren defender. El Servicio de Montes no es en absoluto más «profesional», «transparente» ni aporta mayores «garantías democráticas» que una Junta Vecinal y sus concejos. Lo que garantiza su gestión es que esta esté más alejada de la realidad y de las verdaderas necesidades de los pueblos y aldeas asturianos.
El derecho consuetudinario del que se mofa torpe e irrespetuosamente el Sr. Arce no es, como sugiere, «antidemocrático». Los concejos locales son una de las formas más participativas de gestión comunitaria que han existido nunca en nuestro contexto geográfico e histórico. Es absolutamente falso que sea ilegal la devolución de los montes a las comunidades históricas, sino más bien al contrario. La Ley defiende que deben instruirse esas devoluciones, y reconoce la naturaleza imprescriptible, inalienable, indisponible e inembargable de los montes comunales como bienes propios de las comunidades vecinales. Si lo desconoce el Sr. Arce o simplemente le molesta que sea así, la verdad, no lo sé. Espero que sea lo primero, porque si conoce la Ley que ampara los derechos de los vecinos habría prevaricado y/o ocultado información pública durante su mandato. En aquella época me consta que en algunos cajones de su Dirección General se escondían multitud de carpetas-ficha que demostraban que muchos montes eran de los parroquianos, y que debían devolverse.
Creo que conoce la Ley, y que sin embargo, pues se contradice al expresar que la «declaración -de un monte como vecinal-, además, es irreversible, salvo abandono o expropiación», lo que sugiere que conoce el proceso y que es más que legal y, por supuesto, democrático. Y se burla de «una ley goda» obviando que la Ley Nacional de Montes que ampara y desarrolla la propiedad vecinal es de 1980, y de 2004 la del Principado de Asturias.
Miente o yerra también cuando dice que «los actuales usuarios de los montes, como los ganaderos, montañeros, guías, investigadores… que los utilizan de forma gratuita o con licencias de pastos del ayuntamiento adjudicadas de forma transparente, perderían sus derechos de uso». Ahora resulta que el ex-director general quiere arrogarse como un defensor de la ganadería tradicional. No sé si espera que algún ganadero le crea. Los usos tradicionales son los que dieron la naturaleza vecinal a los montes asturianos, y la Ley recoge que deben prevalecer y conservarse. Y los grandes espacios abiertos podrán recorrerse e investigarse sin demasiados problemas, también, no se apuren. Acciones tan sencillas como desbrozar en el monte, hoy burocráticamente complejas (pueden incluso multar a un vecino por limpiar de matorral una campera), serán mucho más fáciles.
Se asusta que los montes «se puedan alquilar a corto o largo plazo, hasta 30 años, a empresas energéticas, mineras, ganaderas, forestales, turísticas, cinegéticas, a personas físicas…», cuando muchas de esas cosas ocurren ya. La Premio Nobel sueca Elinor Ostrom demostró que las decisiones de las comunidades locales eran comúnmente más respetuosas con el medio ambiente que otras formas de gestión administrativa más centralistas.
Los derechos vecinales deben corresponder ciertamente a los habitantes de los pueblos y aldeas con derechos históricos en un área, y si abandonan el pueblo para instalarse en, por ejemplo, Oviedo, los derechos se pierden. Esto es una muy buena fórmula para fijar población en el medio rural. Si como ocurre en ocasiones se apoderan de los derechos personas que no residen ya en el pueblo sencillamente se entra en una situación irregular e ilegal que habrá que perseguir como en cualquier otro ámbito. Pero que no ponga como norma común en un monte vecinal lo que es precisamente una transgresión de su esencia. La vecindad comprobada es más que fácil de demostrar; con ello, la pertenencia a una comunidad y, por ende, la existencia de esta.
Prosigue el Sr. Arce con su sarta de sofismas dictando que la PAC irá a parar a una especie de recua de latifundistas. Compara a las pequeñas comunidades de eso que se llama ahora la «España vaciada» con la duquesa de Alba o sus herederos. Patético. Como los derechos de los usos tradicionales ganaderos están asegurados, los ganaderos que declaren la utilización de los terrenos cobrarán por ello. No olvidemos que, además, lo más habitual es que sean comuneros, así que ellos mismos pondrán las reglas dentro de los márgenes en que esto sea posible. Sigo sin estar seguro de si no conoce la realidad o, sencillamente, no le gusta esta y enrabietado suelta disparates. Los pequeños ganaderos que habitan la montaña asturiana son los primeros comuneros en cuanto a la posesión de derechos históricos: ¿Qué parroquia de la montaña asturiana no tiene un trozo de la montaña asturiana?
El Sr. Arce, que va de demócrata, tiene la impresión de que las comunidades serán siempre fraudulentas, torpes y torticeras. En Galicia, con unos tres mil montes vecinales, hay de todo. Pero las comunidades son, como norma general, mucho mejores gestoras del monte que aquí la Administración regional. Y desde luego más democráticas, pues cada detalle se suele votar y decidir colectivamente. Y los beneficios son comunes, no como sugiere mangoneados por una especie de caciques imaginarios. El mencionar excepciones particulares como si fueran la regla es una manipulación más, como si decide repudiar el matrimonio o la vida en pareja porque en tal o cuál caso existen abusos, o la profesión médica si un error hospitalario le maltrató las neuronas.
Dice también que «con dinero por el medio, pueblo pequeño, infierno grande». Pero se dan todas las combinaciones, amigo, en pueblos y en ciudades, y el tono con el que se dirige constantemente a las comunidades rurales es reprochable, ofensivo y elitista. Por penúltimo, usted lamenta algo que, además de justo, es esperanzador: que los recursos que pueda llegar a generar un monte repercutan directamente en las comunidades que lo habitan. Eso sí, está bien preparar a las comunidades y dotarlas de herramientas de gestión que eviten futuras disfunciones o problemas. Pero nada más.
Y un último apunte para darle la vuelta a otro error de bulto o manipulación en el artículo del Sr. Arce. Si sobrepone el mapa de los incendios de Galicia con los de los montes vecinales gestionados por comunidades locales comprobará con estupor que lo normal es que estos comiencen en otros montes, los que no son vecinales o los que, siéndolo, tienen un acuerdo de gestión externalizado. Y en Asturias ya sabe que, con todos los defectos de la gestión de los montes de Ibias, estos dejaron de quemar cuando se clasificaron como vecinales.