Resulta que los mismos que en Octubre se echaban las manos a la cabeza ante un estado de alarma de seis meses, según ellos sin control parlamentario ( semanal en pleno y consejo interterritorial, mensual en comisión de sanidad y monográfico cada dos meses) y gestionado además peligrosamente de forma descentralizada por los presidentes autonómicos, ahora sin embargo consideran una irresponsabilidad el anuncio del presidente del gobierno de su próxima finalización y exigen su prórroga o un plan B que dote a las CCAA de seguridad jurídica. Es decir, que dote de capacidad a los gobiernos autonómicos de limitar derechos fundamentales en aras de la salud pública.
Poco parece importarles que desde el principio de la pandemia hayan combatido el estado de alarma y las restricciones a la movilidad y los aforos como muestra de los excesos de un gobierno con tentaciones autoritarias, y que hayan cuestionado además la evidencia científica sobre los lugares preferentes de transmisión y de contagio, haciendo por tanto del mantenimiento de la libertad del consumo y la hostelería como su principal bandera de confrontación política. Un esperpento.
Otros, desde las antípodas, imbuidos desde un principio de una posición científica excluyente e inasequible a la política de la realidad, consideran además que la alta incidencia sostenida de la pandemia y el desarrollo accidentado de la vacunación obligan a mantener todas las actuales limitaciones a la movilidad, si no a endurecerlas, y que para ello los toques de queda, los cierres perimetrales y las limitaciones a las reuniones son poco menos que medidas imprescindibles que implican la prolongación del actual estado de alarma.
Tampoco faltan los sectores que ante cualquier anuncio lo primero que les viene a la cabeza es oponerse, para a continuación atribuir a la política todos los males de la nueva decisión, como también de su contraria, ambas opuestas según su criterio al genuino interés ciudadano que solo ellos están en condiciones de interpretar.
Sin embargo, son por desgracia menos las voces que reconocen la complejidad de decidir las medidas a mantener en el tramo final de la pandemia, donde al tiempo que avanza la vacunación y se estanca, si bien con altibajos la incidencia, al menos en comparación con nuestro entorno, hace cada día más mella la fatiga pandémica en buena parte de la ciudadanía y se agota la capacidad de resistencia de importantes sectores de nuestra economía.
Por eso, es cierto que a diferencia del final del primer estado de alarma, no se debería haber anunciado unilateralmente otra nueva normalidad sin matices y sin haber convocado previamente la Conferencia de Presidentes, en la que consensuar las medidas y la fórmula jurídica a adoptar. Sin embargo, no por ello deberíamos engañarnos ni caer en el cinismo. El anuncio de una nueva prórroga del estado de alarma hubiera sido también contestado, cuando no provocado un escándalo y nada hubiera garantizado, en una campaña electoral casi permanente como en la que estamos, una mayoría parlamentaria que comprometa su apoyo a una prórroga, siquiera por un tiempo mínimo de dicho estado de alarma. De hecho, a tenor de las encuestas, la opinión pública ha acogido la noticia con más alivio que preocupación.
Lo que tampoco es viable, por mucho que se repita, es el mantra de que una mera reforma express de la ley orgánica de medidas especiales en salud pública, pudiese dotar a las CCAA de la capacidad de mantener el toque de queda o el cierre perimetral actuales, al margen del recurso a un nuevo estado de alarma( que es nuestra verdadera ley de pandemias) y sin supervisión judicial. Sería algo dudosamente constitucional y se recurrirá de inmediato por los mismos que hoy lo reclaman. No deja de ser además paradójico que quienes más defienden la judicialización de la política, sean los primeros en desconfiar de la supervisión judicial de los TSJ de las CCAA de las medidas de salud pública, cuando en general éstos ha respaldado, salvo algunas excepciones sonadas, las medidas individuales y las actuaciones coordinadas del Consejo Interterritorial.
Lo que sin embargo sí podría estar al alcance de la mano en este tramo final de la pandemia es mantener e incrementar los ritmos de vacunación, así como la coordinación entre las CCAA y el gobierno central en el marco del Consejo Interterritorial para la adaptación progresiva a la evolución de la incidencia y la presión sanitaria de las medidas restrictivas, todo de acuerdo con la ley de cohesión y las leyes de salud pública. Aunque también resulte obligado el refuerzo por parte de la gestión sanitaria de los gobiernos autonómicos del testeo y la capacidad de aislamiento que se han mostrado insuficientes en anteriores etapas de control de la pandemia. Todo, menos seguir tirándonos los trastos a la cabeza por cuestiones de principio y sin responsabilidad.