Entre los muchos líos internos que tiene este Gobierno, ahora le ha surgido otro: la subida de impuestos. Y ya no es una confrontación entre el sector Podemos y el sector PSOE. Es una seria discrepancia entre las dos ministras principales, María Jesús Montero y Nadia Calviño. Para la primera, que tiene el encargo institucional de recaudar, subir los impuestos no es solo una convicción, sino una necesidad imperiosa porque los gastos del Estado, el déficit y la deuda pública suben sin parar por el «escudo social». Los tres conceptos son inevitables si se quiere evitar el colapso, pero escandalosos. Para la segunda, que tiene que mirar más al clima general del país y a las demandas de empresas e inversores, la situación no permite una subida en este momento. «De ninguna manera a corto plazo», dijo Calviño con rotunda claridad.
Habrá, pues, subida de impuestos, pero cuando la situación económica lo permita. Y apunten ustedes la necesidad política, que depende de Pedro Sánchez: si piensa adelantar las elecciones, no puede subir la presión fiscal, porque se expone a un serio castigo en las urnas. Y a la inversa, si piensa subir la presión fiscal, no puede esperar mucho porque las decisiones impopulares -recodemos a Rajoy- se hacen al principio de la legislatura. Los ministros son los primeros desorientados: en las conversaciones privadas defienden subir impuestos porque sus datos dicen que los españoles pagamos menos que el resto de los europeos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lo desmiente. Las estadísticas también se pueden leer según el gusto de cada lector.
Ante estas posturas encontradas, me parece oportunas dos reflexiones. Primera: se comprende la angustia de la gran administradora de las cuentas públicas, la ministra de Hacienda, porque esas cuentas están asfixiadas, el Estado empieza a retrasar los pagos a sus proveedores (casi siempre pequeñas empresas que no viven de sus exportaciones) y, si el Estado continúa sin recursos, puede entrar en quiebra técnica. Con un añadido que casi nadie valora: de los 140.000 millones de los fondos europeos, 70.000 son a fondo perdido, pero los restantes son créditos que pagarán nuestros hijos, salvo que se conviertan en «deuda perpetua», como pretende Draghi.
Y segunda: este país no soporta hoy una subida generalizada de impuestos. ¿Cómo se va a subir el IRPF, si gran parte de los trabajadores han visto disminuir sus salarios? ¿Cómo se va a aumentar la fiscalidad del ahorro, si es un ahorro procedente de las privaciones impuestas por los confinamientos? ¿Cómo se va a subir el Impuesto de Sociedades, conocida la situación financiera de las empresas?
Entre las dos realidades descritas (la política de la situación del Estado y la social de los ciudadanos y las empresas) tiene que decidir el presidente del Gobierno. Y que no lo haga, por favor, por razones electorales.