Mañana, 14 de abril, hará 90 años que, tras el inequívoco resultado de las elecciones municipales celebradas el día 12, las calles y plazas de toda España se llenaron de personas cargadas de entusiasmo que celebraban la proclamación de la república. Se formó un gobierno provisional de coalición presidido por un católico liberal, Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro con Alfonso XIII. El ministro de Gobernación era otro republicano demócrata, pero conservador, Miguel Maura. Solo tres de los 11 ministros eran socialistas: uno de ellos, el institucionista y catedrático de universidad Fernando de los Ríos; otro, el asturiano Indalecio Prieto; y el tercero, el sindicalista Francisco Largo Caballero, que había sido miembro del Consejo de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera. Los tres eran moderados. Evidentemente, no había ningún ministro del minúsculo Partido Comunista, ni lo habría en toda la república hasta comenzada la guerra civil.
La república había llegado como consecuencia de una verdadera marea social que, tras el perjurio de Alfonso XIII en 1923, cuando violó la Constitución al no convocar elecciones tras el nombramiento del general Primo de Rivera como presidente del gobierno y la disolución de las Cortes, quiso cambiar de régimen para que se estableciese una verdadera democracia y se realizase la añorada regeneración del país, la política reformista que la monarquía había frenado durante décadas. Inspirados por el regeneracionismo de Costa y la fe en la educación de la Institución Libre de Enseñanza, los republicanos iniciaron un ambicioso programa de reformas, que pretendió acabar con el analfabetismo, promover la investigación científica, mejorar las condiciones laborales, poner en marcha la reforma agraria, modernizar un ejército caro e ineficaz, hipertrofiado de jefes y oficiales, separar la Iglesia del Estado, descentralizar la administración y permitir la creación de comunidades autónomas, y lograr la igualdad de la mujer.
La Constitución de 1931, con defectos, como todas, pero democrática y avanzada, consagró la igualdad de las mujeres en términos que incluso hoy nos parecen muy modernos: «No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas», decía el artículo 25; «Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen», el 40; «La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa. [...] Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. [...] No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna. El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la Declaración de Ginebra o tabla de los derechos del niño», en el 43. El 36 había establecido: «Los ciudadanos de uno u otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes». En este país desmemoriado, en el que por determinados políticos y medios de comunicación se manipula sistemáticamente la historia, es necesario recordar que ese artículo se aprobó gracias a la brillante defensa de Clara Campoamor y a los votos del PSOE movilizados por Largo Caballero, que lo apoyó. Es cierto que Prieto y algunos republicanos de izquierda se opusieron porque creían que las mujeres, poco formadas, votarían a las derechas, pero, en aquel parlamento, el sufragio femenino nunca hubiera sido aprobado sin el apoyo de la mayoría de los diputados de izquierda y, especialmente, del PSOE, el primer grupo parlamentario.
Como en 1820 o en 1868, en 1931 España iba a la contra, establecía la democracia cuando estas caían, una tras otra, en una Europa asolada por la crisis económica y el ascenso del fascismo. En enero de 1933, Hitler se convertiría en canciller de Alemania; poco después, el austriaco Dollfuss establecería la dictadura en Austria y, como Hitler, perseguiría con saña a socialistas, comunistas y sindicalistas. En 1932, el general Sanjurjo encabezó el primer intento de golpe de estado militar para acabar con la república; en 1933, José María Gil Robles, el líder de la organización de derechas más importante, la recién creada CEDA, asistió entusiasmado al congreso de Núremberg del Partido Nacionalsocialista alemán; por la extrema derecha, José Calvo Sotelo, exministro de la dictadura, defendía la creación de un Estado corporativo que acabase con la democracia, no muy lejos de lo que proponía la Falange, el partido declaradamente fascista, el de la dialéctica de los puños y las pistolas. Los políticos republicanos y el PSOE cometieron muchos errores en una república que estaba bajo amenaza y en la que la crisis económica alimentaba las tensiones sociales, pero atribuir a la república el estallido de la última guerra civil tiene mucho menos sentido que achacarle a la monarquía las dos, o tres, según quien cuente, que ensangrentaron España en el siglo XIX.
No fue la república la que provocó la guerra civil. En el gobierno del Frente Popular constituido en febrero de 1936 no había ni socialistas ni comunistas, solo republicanos liberales y reformistas, que ni por asomo querían promover una revolución social. Si alguien hubiera pretendido iniciar un movimiento revolucionario, como en 1934, el ejército, la guardia civil y la policía, que actuarían bajo las órdenes del gobierno constitucional, lo hubiesen sofocado. La guerra la causaron los golpistas, que llevaban años conspirando, habían decidido levantarse antes de que se produjese el asesinato de Calvo Sotelo y contaban con el apoyo de las potencias fascistas. Los errores de los republicanos, los partidos de izquierda y los anarquistas sin duda contribuyeron al clima de enfrentamiento político y con una equivocada política religiosa aumentaron el apoyo social de las fuerzas antidemocráticas, pero la guerra no era inevitable en 1936.
Hoy es el día para recordar las ilusiones de 1931, no la tragedia que solo el sectarismo reaccionario puede imputar a la llegada de la democracia; un momento oportuno para reconciliarnos con un pasado complejo, pero que no es solo oscuro y que tampoco comienza ese 14 de abril. España no solo tiene una historia de Inquisición, de nobles de grandes títulos, pero pequeño cerebro y escasa ética, de sotanas y uniformes, de toros destripando caballos en las plazas, de procesiones y salmodias, de autoritarismo, fanatismo e ignorancia. Hay una fuerte tradición reformista y democrática en nuestra Edad Contemporánea, que arranca con Jovellanos y la Ilustración, continúa en 1812 y 1820, sigue en el liberalismo de Riego, Argüelles o Flórez Estrada; en los demócratas de Ruiz Zorrilla; en los republicanos de Pi y Margall, Azcárate, Melquiades Álvarez, Azaña, Victoria Kent o Clara Campoamor; en la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos y Cossío, a la que muchos pertenecieron; en Rosalía de Castro, Galdós, Antonio Machado o Federico García Lorca; en Rafael Altamira, Santiago Ramón y Cajal o Severo Ochoa; en Pablo Picasso y Maruja Mallo; en Luis Buñuel y María Casares; incluso en políticos del sistema de la Restauración como el conservador Cánovas, que devolvió a los militares a los cuarteles y logró establecer la tolerancia religiosa, o el liberal Canalejas; en los socialistas de Pablo Iglesias, Prieto, Fernando de los Ríos, Largo Caballero, Negrín o María Lejárraga; en anarquistas como Anselmo Lorenzo, Seguí, Peiró, Pestaña o Federica Montseny; en los comunistas que lucharon contra la dictadura y abrieron el camino a la reconciliación. No estaría mal recuperarla en vez de fomentar el revisionismo ultramontano, sería terrible que, 46 años después de su muerte, Franco, que quiso borrar la memoria de esa tradición ilustrada, liberal y reformista, ganase la batalla de la historia, como algunos en la política, la judicatura, los medios e incluso en la academia parecen pretender en esta España atribulada, no solo por el coronavirus, sino por el incluso más dañino de la estupidez, la frivolidad y la intolerancia.