Intenten, en la medida de la posible, aislarse de tanto ruido partidista.
Imaginen que el ministro del Interior de una consolidada democracia -un tipo que antes de acceder a su cargo en el Ejecutivo ha sido un prestigioso juez, conocido por su lucha contra el terrorismo y la corrupción y que ha ocupado responsabilidades en órganos de gobierno del Poder Judicial, a propuesta de uno de los dos grandes partidos,- solicita al coronel de una fuerza de seguridad del Estado, al mando de una importante comandancia, que le informe de las averiguaciones que sus agentes han realizado a petición de una jueza, sobre las posibles responsabilidades de varios organismos dependientes del Ejecutivo Central en la autorización de grandes manifestaciones en los días previos a que se declarase el estado de alarma por una crisis sanitaria.
Imaginen que el coronel -con una prestigiosa hoja de servicios que combina importantes acciones contra el terrorismo y un perfil técnico asentado en una esmerada formación académica, conocedor del funcionamiento del ministerio del Interior al que ha estado vinculado, al margen del color político de sus titulares y cuyos servicios fueron requeridos en recientes fechas para coordinar la acción de varios cuerpos de seguridad con el objetivo de impedir la celebración de un referéndum ilegal de independencia en una región de su país- responde al ministro qué no, que debe cumplir la ley y tan solo entregar la citada información a la jueza que se encarga de la investigación.
Por lo impropio del proceder de un miembro del Consejo de Ministros de una democracia, parece ficción, ¿verdad? Hoy sabemos que no lo es.
Conocemos que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska reclamó al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ser informado de las investigaciones que la jueza, Rodríguez-Medel, encargó a los agentes de la citada comandancia para conocer si el delegado del Gobierno, el socialista José Manuel Franco, y el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias dirigido por el doctor Simón, cometieron algún delito al permitir la celebración de manifestaciones como la del 8-M.
Conocemos que Pérez de los Cobos se negó a entregar la información requerida a Grande-Marlaska y que este ordenó a la directora general de la Guardia Civil que cesase de su cargo al coronel, justificando su decisión como «pérdida de confianza».
En los días posteriores al cese, los medios de comunicación dieron cumplida cuenta de la alegría que producía en los partidos independentistas la decisión del ministro, de la dimisión de los más altos cargos de la Guardia Civil como muestra de disconformidad con el cese y cómo en la nota de prensa emitida por la Dirección General de la Guardia Civil para explicar la salida de Pérez de los Cobos, además de la citada confianza pérdida, añadía «incumplir comunicación de actuaciones».
Y, siguiendo con la increíble realidad, hace unos días supimos que una sentencia de la Audiencia Nacional anula el comentado cese de Diego Pérez de los Cobos y obliga al Ministerio del Interior a reincorporarle en su puesto al frente de la comandancia, afirmando que el coronel fue cesado «por cumplir con lo que la ley y el mandato judicial ordenaban».
Fernando Grande-Marlaska debe dimitir o ser cesado por el presidente el Gobierno. No solo ha castigado a un funcionario público por negarse a violar la ley, ha vulnerado la separación de poderes sobre la que se asienta nuestra democracia al intentar influir en la acción del Poder Judicial a través de las FSE que cumplen con labores de investigación.
España es un Estado de Derecho consolidado. A pesar de la firmeza de su estructura tiene en su seno sus mayores debilidades. Bastan las acciones de las manos tramposas de algún decepcionante gobernante de turno para que la libertad se escurra en ellas como fina arena, pero también basta la determinación de un servidor público de cumplir con su cometido para defender los derechos de los que todos disfrutamos.
La democracia le debe una al coronel Diego Pérez de los Cobos.