Parece que sobran adjetivos y falta imaginación y argumentos en la política española en estos tiempos populistas, al igual que sobran gestos y faltan medidas concretas sobre las que dialogar, acordar y legislar. Todo eso lo hemos podido comprobar recientemente con los argumentos, algunos agitados más que esgrimidos, frente la la ley de eutanasia y suicidio asistido, que finalmente ha sido aprobada por amplia mayoría en el Parlamento español después de un largo contencioso social y político.
A la iniciativa de la ley de eutanasia, la derecha ha respondido con tópicos y lugares comunes, pero con muy poca imaginación. No ha aparecido ningún argumento novedoso, salvo el cuestionamiento de su oportunidad en tiempo de pandemia, sin tener en cuenta el largo plazo plazo de tramitación de una ley de estas características, y los antecedentes a lo largo de de décadas de propuestas primero de comisiones de estudio y luego de proposiciones de ley, fundamentalmente de los grupos parlamentarios a la izquierda del grupo socialista y más en concreto del grupo de Izquierda Unida.
La única novedad destacable ha sido la incorporación del grupo de Ciudadanos a la conformación de una amplia mayoría parlamentaria de apoyo a la eutanasia, aunque todavía esté por debajo de la amplia mayoría social. La otra quizá sea que, aunque demasiado lentamente, cada vez estamos menos solos en el ámbito internacional con la progresiva secularización de las sociedades europeas, americana y australiana. Los últimos en incorporarse en Europa han sido España y Portugal, aunque con salvedades por parte de su tribunal constitucional.
El argumento más clásico y más repetido es el que pretende oponer la eutanasia a los cuidados paliativos. Una muestra de hipocresía y de cinismo por parte de aquellos grupos que como el popular han rechazado legislar tanto en una como en otra materia y que, lo que es más grave, en su momento no dudaron en criminalizar los cuidados paliativos y a uno de sus mejores exponentes, el doctor Montes, acusándole de prácticas eutanásica y denúnciándolo ante la justicia de praxis ilegal, como cortina de humo de la mayor operación inmobiliaria, de privatización de la gestión sanitaria y supuestamente de financiación ilegal de su partido en la Comunidad de Madrid.
Pero sobre todo confunde voluntariamente el derecho a los cuidados sanitarios, para evitar el esfuerzo y el encarnizamiento terapéutico en el tramo final de la vida, con el derecho ciudadano a disponer el momento final de la propia vida, ante una enfermedad terminal o un proceso irreversible que provoca sufrimientos intolerables. Dos formas, una inevitable y otra voluntaria, bien distintas de morir con dignidad, aunque ambas sean complementarias.
El otro argumento es que no hay demanda social, cosa lógica en una demanda minoritaria que, por otra parte, en democracia también deben ser atendidas, pero al mismo tiempo denunciando sin fundamento alguno, que se ha hurtado un debate social a fondo, lo cual es además contradictorio. Lo cierto es que si bien los casos han sido minoritarios, debido a su dramatismo y a la clarividencia de la demanda, desde el caso de José Luis Sampedro, de Maribel Tellaetxe, hasta el más reciente de María José Carrasco que han convulsionado y concienciado a la opinión pública española, y como consecuencia de ellos hace ya años que una gran mayoría de ciudadanos y también de profesionales han respaldado primero abrir el debate y luego despenalizar y legislar para dar garantías a las justas demandas de muerte digna.
Un argumento más sólido es el de la llamada pendiente resbaladiza, en la que la legalización, poco menos que inexorablemente, nos llevaría a normalizar y extender la muerte digna más allá de los requisitos objetivos y subjetivos, abriendo espacio a la arbitrariedad. Sin embargo, la evaluación realizada en los Países Bajos no avala alguna de estas dudas, y además al igual que pudiera hipotéticamente darse algún caso de estas características, con el mismo motivo se podría estar ante una pendiente deslizante aún mayor en la sedación terminal y en las medidas de eutanasia pasiva de los actuales cuidados paliativos.
Otros, como en el caso del aborto, oponen directamente la defensa de la vida a la legislación de la muerte. De nuevo la más absoluta simplificación equiparando vida biológica y vida deteriorada con la vida humana. Como si esa no fuera la prioridad de la ley, dentro de la defensa de la dignidad humana y de la vida. Poniendo por otra parte en evidencia a una derecha que nunca pierde la oportunidad de desmarcarse u oponerse activamente a los nuevos derechos civiles, para luego servirse de ellos.
También los hay que directamente, en el colmo de la manipulación, mentan la eugenesia o ya adentrándose en el puro morbo, aluden a la inoportunidad de hacerlo con miles de muertos en pandemia. Como si desconociera el largo proceso que ha llevado a legislar la eutanasia y la diferente naturaleza de las muertes que se están produciendo como consecuencia de la pandemia. Da la impresión de que es un intento subliminal de aprovechar la pandemia para atribuir de nuevo a la izquierda un proyecto eugenésico. Tamaña barbaridad no merecería comentario, si no lo agitasen precisamente los que forman parte con orgullo de una tradición política que no le hace ascos al franquismo y sus parientes del nazifascismo, los principales adalides de la eugenesia.
Más sesudos son los que, sin siquiera leer el texto, dejan rienda suelta a sus prejuicios con la eutanasia del enfermo mental con depresión o grave trastorno mental, sin haberse leído un texto que deja claras sus condiciones y prescripciones, entre las cuales no se encuentra la enfermedad mental.
Lo hace también otra tradición pseudocientífica que atribuye la gran mayoría, sino la totalidad de los suicidios, a la enfermedad mental y en concreto a la depresión, sin reconocer prácticamente ningún espacio a la decisión consciente de decidir y provocar la propia muerte, aún menos la garantía del derecho al suicidio asistido y la eutanasia.
La ley establece una serie de requisitos y de plazos que garantizan que la decisión es consciente y firme, y que se corresponde con una situación de deterioro irreversible e insoportable, dando con ello entrada a la ayuda médica como parte de su intervención en el conjunto del proceso de morir, desde el momento que a la muerte como proceso natural le sucedió la muerte tecnológica en el ámbito hospitalario como término de la intervención sanitaria. Se trata pues de reconocer la autonomía moral del individuo, como se da en la despenalización del suicidio, pero para que de esa decisión se siga el reconocimiento del derecho y las obligaciones del Estado para garantizarlo como deberes jurídicos exigibles, para ello son imprescindibles una serie de requisitos como su asociación al hecho objetivo de una vida deteriorada junto al subjetivo de la voluntad inequívoca de morir, que se resumen en el derecho a morir con dignidad.
En definitiva, no queremos ver que continuamente se toman decisiones sobre quién vive y quién muere en el ámbito sanitario, y lo hemos visto claramente con los ancianos en el marco de la pandemia, y estás decisiones que están condicionadas por la técnica, no son de ningún modo decisiones exclusivamente técnicas. Por eso, se trata de dar su papel a las decisiones humanas y de garantizarlas mediante la ley.