Cuesta entender por qué el Gobierno central negó a las comunidades autónomas la potestad de adelantar los toques de queda o de efectuar confinamientos. Según todas las fuentes, fueron mayoría, por lo menos nueve, las que lo solicitaron y el ministro Salvador Illa aplicó su conocida tesis: los gobiernos autónomos tienen recursos suficientes para combatir la expansión del virus. Políticamente supone un nuevo golpe a la cogobernanza, porque no se puede hablar de gobernación conjunta si uno solo, el más poderoso, impone su voluntad. Operativamente es dudoso que las regiones puedan hacer más, porque ya están poniendo en práctica todas las medidas que su imaginación les sugiere, y muchas veces con un alto coste social del que se libera el poder central. Y sanitariamente, los datos están siendo alarmantemente malos. Piénsese en el número de infectados, cada día más alto, en la tasa de incidencia que no deja de crecer o en la cantidad de fallecidos que ya es de veinte cada hora. No se entiende que no se permita un nuevo esfuerzo para cortar esa sangría, cuando lo hecho no ofreció resultados alentadores.
Al no haber una explicación convincente -mejor dicho, al no haber ninguna explicación- hay que buscarla en factores ajenos a la política estrictamente sanitaria y aparecen teorías extravagantes, pero que pueden ser ciertas. Todas ellas apuntan a la candidatura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, que es ahora la prioridad de Sánchez. ¿Cómo se va a consolidar el «efecto Illa», ratificado por el CIS, si sus oponentes lo presentarían como el candidato que volvió al confinamiento? ¿Cómo podría conseguir el voto joven catalán si es el hombre que cierra bares y reuniones a las 8 de la tarde? Todas estas son especulaciones, pero claro: como la negativa del candidato coincide con la posición oficial de su gobierno (y tomen nota los malpensados, también de la Fiscalía) en defensa del 14-F como fecha de las elecciones, los opinadores traducen: no dejar que se desgaste el efecto Illa; no permitir que se deteriore con medidas que lo perjudiquen.
Estamos, pues, en un momento delicado: el momento en que la política se mezcla con la salud y se corre el peligro de que los intereses políticos sean más prioritarios que la salud. Solo pensarlo causa escalofríos y a Salvador Illa debería causárselos también. Por eso debería haber dimitido al ser designado candidato para no provocar esa perversión. Ahora, si las elecciones son el día de San Valentín, ya da igual. Y si fuesen el 30 de mayo, después de la encuesta del CIS será difícil que renuncie porque los beneficios del ministerio son magníficos, lo primero es lo primero y lo primero es ganar en Cataluña. Nadie se acordará en Moncloa de que la gravedad del contexto sanitario exige un responsable a plena dedicación.