El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la LOMLOE, una ley de Educación que a lo largo de sus dos años de trabajo colectivo ha tenido en cuenta la pluralidad de multitud de aportaciones; más de 300 enmiendas aprobadas consensuadas con grupos parlamentarios y la comunidad educativa y con 250 aportaciones de aproximadamente 200 asociaciones. Al fin se ha puesto punto final a la LOMCE, la ley más retrógrada y segregadora de toda Europa impuesta por una mayoría absoluta del PP, que cuenta con el triste logro de un gran aumento de las tasas de fracaso y de abandono escolar prematuro. Además, esta ley ha sido la más contestada por la comunidad educativa y ha contado con la oposición de más de diez grupos parlamentarios que firmaron un compromiso para su derogación.
La LOMCE, innecesaria para el 80% de los docentes, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, con el pretexto de la crisis trajo consigo unos recortes vergonzosos que atacaban a la educación, especialmente la pública, rompiendo el equilibrio respetado entre las dos redes. Mientras que se redujo el 1,5% en la inversión por estudiante en la enseñanza concertada, en la pública este recorte llegó al 13,8%. Así pues, vemos que se ha dado un paso atrás en temas fundamentales para la mejora del sistema educativo y que ha sido especialmente perjudicial para los estudiantes más vulnerables y con una situación de partida más desfavorable.
A pesar del fracaso de la LOMCE, la derecha, que ha encontrado un motivo de lucha política con la nueva ley aprobada, propaga con gran irresponsabilidad todo tipo de mentiras y falsas informaciones. Parece incomprensible que se esté generando un conflicto lingüístico en educación que no existía hasta la «ley Wert». La LOMLOE, en el marco de la Constitución, garantiza el derecho del alumnado a recibir enseñanzas en español y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Por otro lado, la enseñanza concertada necesitará una garantía de gratuidad para percibir los fondos públicos, puesto que el fin social no es compatible con una educación lucrativa. La Confederación Española de Asociaciones de Padres denunció que al menos en el 90% de estos centros se obliga al pago de una cuota media de 255€ al mes, lo que impide el acceso de las familias con pocos o sin recursos a este tipo de enseñanza. Los centros de educación especial seguirán abiertos para atender al alumnado que requiera una atención muy especializada.
Asimismo, cumpliendo con el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, las familias que lo pidan podrán enviar a sus hijos a los centros ordinarios. Al fin se podrá enterrar una injusta segregación escolar que en 15 años incorporó en las aulas ordinarias españolas a solo un 3% de esos niños. Se seguirá impartiendo religión, aunque se elimina la obligación de cursar una materia alternativa, al tiempo que la nota no contará para el acceso a la Universidad, ni para optar a las becas.
La ministra de Educación ha defendido que la ley persigue seis grandes objetivos: reducir el abandono escolar temprano que España encabeza en la UE, atajar el «abuso de la repetición», reformar la carrera docente, cambiar el currículum para hacerlo «menos enciclopédico y más competencial», afianzar la autonomía de los centros y mejorar los sistemas de evaluación. Son muchas las medidas que cambiarán con esta nueva ley: se aumentará el número de plazas públicas de cero a tres años, que tendrá un carácter educativo; se facilitará una mayor coordinación entre las diferentes etapas educativas; y se limitará la repetición para acabar con el abandono temprano, el mayor en la UE. El alumnado recibirá al concluir la ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias, el bachillerato se podrá cursar en tres años y la FP será una de las grandes prioridades.
Debemos congratularnos por la aprobación de la LOMLOE, una ley que garantiza la igualdad de oportunidades y fomenta actitudes de cuidado del medio ambiente, la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la cultura de paz y los valores cívicos, además del fomento del trabajo colaborativo, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado.