Deberíamos alcanzar un acuerdo para establecer de forma clara, rigurosa y definitiva quiénes están legitimados para ocupar escaños en el Parlamento y quiénes no. Porque tal y como lo tenemos ahora, entre los que «tienen las manos manchadas de sangre», los «herederos del franquismo» y los «golpistas independentistas», atendiendo a las denominaciones que se les otorgan, resulta que tenemos casi media Cámara inservible. Y, pese a contar con una representación legítima, se les niega su representatividad. Es como el club de los apestados.
El conflicto no es nuevo; de ahí la necesidad de solventarlo de una vez. Se reproduce con relativa frecuencia. Estos días, a propósito del apoyo de Bildu a los Presupuestos del Gobierno de Sánchez, hemos vuelto a las andadas y se ha montado la de San Quintín porque existe un sentimiento general de que los «sucesores de ETA» deben quedar al margen de cualquier diálogo político. La trifulca la encabeza Casado y dirigentes socialistas como Fernández-Vara o Page, y la alimentan otros sociatas resentidos, destituidos y despedidos.
Cierto que, como apuntó un ilustre pensador, resulta inimaginable que en Alemania Merkel negociara con los restos de los Baader-Meinhof o que Macron lo hiciese con los ex yihadistas. Pero es que ya no se les deja estar en las instituciones. Y ese es el problema que tenemos aquí. Que o no fuimos rigurosos en las exigencias de legalización o queremos tumbarlos por la vía rápida en momentos en los que nos interesa estratégicamente, olvidando que se negoció con sus líneas más duras y violentas. Tenemos que decidir si se mantiene o no su legitimidad, que a día de hoy tienen.
Cierto que resulta llamativo y hasta doloroso ver cómo se utiliza la tribuna parlamentaria para intentar derribar la Constitución a propósito de independencias ilegales, exaltar el fascismo, atentar contra los derechos humanos y defender el racismo. Pero no han llegado allí por la fuerza. Lo hicieron porque fueron legalizados y por eso tienen respaldo en las urnas. Y mientras nos mantengamos en esta vacilación, seremos incapaces de normalizar el funcionamiento parlamentario. O están, o cambiamos las reglas para que no estén. Pero acabemos con este despropósito que solo causa tensiones y refriegas.