Desde ayer nos encontramos en Asturias/Asturies en una situación parecida a la que vivimos en la fase 2 de la desescalada. Ahora habrá que esperar trece días para que las autoridades sanitarias valoren los datos epidemiológicos y determinen si cabe suavizar las medidas o si se debe continuar aplicando mayores restricciones (sin que se haya descartado la petición del Estado de Alarma al Gobierno de España). Comparto con el presidente del Gobierno del Principado que toca aplicar las medidas oportunas para controlar la COVID-19 por muy duras y difíciles que sean.
El anticiparse y el primar la salud a cualquier otra cuestión sigue sin entenderse en la Real Casa de Correos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha continuado su campaña de confrontación permanente contra el Gobierno Nacional, llegando incluso a decir alguno de los consejeros que se estaba protegiendo al resto del país en vez de a la propia Madrid (imagino que enfocado a ganar un relato de que ‘el caos’ es culpa de los que están en La Moncloa y no de los que están en la Puerta del Sol, cuyo gobierno ostenta las competencias sanitarias). La realidad es tozuda y seguimos sin saber qué hay de los rastreadores, del incremento de personal sanitario o del aumento de pruebas PCR. El alcalde de Madrid se ha ocupado últimamente más de actuar como portavoz nacional del PP para reforzar el mensaje de Ayuso. Ambos se han propuesto pedir a diario el fin del Estado de Alarma en los diez municipios madrileños donde hay una tasa de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes. Si una herramienta plenamente constitucional es para la presidenta madrileña una imposición a punta de pistola deja muy claro su nulo interés en aplicar las medidas oportunas.
La crispación política sigue su curso y no parece que se vaya a relajar mucho la cosa ante la moción de censura de Vox (y sus ‘avisos’ en redes sociales) y el cambio de la ley para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva dos años en funciones ante el bloqueo del PP. A nivel mundial también se han tomado decisiones drásticas, como el Estado de Calamidad de Portugal o el Estado de Emergencia de Francia, que si lo comparamos a nuestro marco jurídico son figuras similares al Estado de Alarma. Así que Ayuso debería entender que en otras partes del mundo también están tomando las medidas oportunas a la situación epidemiológica. Al otro lado del charco Trump y Biden no van a celebrar un segundo debate electoral, pero el mensaje de responsabilidad que repite el candidato demócrata choca con los bailes sin mascarilla en los shows que protagoniza el actual presidente norteamericano delante de sus seguidores.
Fuera del debate sobre la pandemia, quien ha hecho el papelón de la semana es Pablo Casado con el fallo del Tribunal Supremo en relación a la ratificación de la primera sentencia de la Gürtel, aquella que hace dos años motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy (que en un comunicado en sus redes sociales tildó de «reparación moral» el fallo en contraposición a la manipulación que a su juicio se hizo de la sentencia provisional que dictó la Audiencia Nacional). El Alto Tribunal ratificó las condenas a anteriores cargos del partido, junto a familiares (la mujer de Bárcenas, entre otras personas) y por mucho que se empeñen en vender que no hubo ninguna caja b, lo cierto es que es un asunto pendiente de juzgar en otro juicio aunque el Supremo ha ratificado la condena al Partido Popular como responsable civil «a título lucrativo». Casado, lejos de hacer un ejercicio de autocrítica, de reconocer los delitos cometidos y de pedir perdón, la respuesta ha sido lanzar ataques al vicepresidente Pablo Iglesias en relación a su situación en el caso Dina. Lo de tomar las medidas oportunas para regenerar su partido parece que va para largo.