Al ministro Manuel Castells le parece exagerado inhabilitar a Torra por un quítame allá esa pancarta. A mí siempre me pareció exagerado que se condenase a Al Capone a once años de prisión por evasión fiscal (en un país donde el magnate que lo preside paga la friolera de 750 dólares al año en impuestos). Coincido con el ex ilustre profesor en que la justicia española, en vez de la ecuánime balanza de los grabados, utiliza extraños raseros. Me pregunto, por ejemplo, dónde estaban fiscales y jueces cuando Puigdemont, Junqueras y adláteres hacían mangas y capirotes de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Si entonces hubiesen cortado de raíz las continuas desobediencias, de las que aún presume el prófugo de Waterloo en Twitter, tal vez nos hubiesen ahorrado el espectáculo que vino después: el referendo del 1-O, las cargas policiales, la declaración de independencia, la aplicación del 155 y la sobreactuación justiciera cuando ya los vilipendiados políticos habían puesto fin a la rebelión, secesión o lo que diantres fuese aquello que vivimos en vivo y directo.
Mi confianza en la justicia, señor Castells, padece de déficit crónico. Pero este caso conviene examinarlo desde otra óptica. Sostengo que Torra, peligro público por delegación, está mejor fuera que dentro del Palau de la Generalitat o de cualquier otra institución. Como Al Capone estaba mejor entre los muros de Alcatraz que promoviendo el crimen por las calles de Chicago. Aunque para retirar a ambos de la circulación hubiese que aplicarles condenas mayores por delitos menores.
Pero hay más. Estoy absolutamente convencido de que Torra hizo lo posible y lo imposible para ser condenado. Con el fin de demostrar el talante autoritario y represor del Estado español, pero sobre todo para figurar entre los represaliados de su pancarta. Necesitaba inscribir su nombre en el panteón de los mártires de la causa, donde la mayoría son miembros de ERC. Buscaba, para él y su jefe de filas, la legitimación del victimismo. Pero sin pasarse, que la valentía es escasa y la cárcel dura. Por eso, en vez de gestas heroicas o declaraciones unilaterales de independencia, se limitó a blandir, de forma «contumaz y obstinada», una pancarta. Suficiente para una autosentencia de efectos limitados. Imaginen su cara de frustración si el Supremo, en vez de condenarlo, calificase de chiquillada su desobediencia y lo absolviese.
Torra tenía que inmolarse a cámara lenta, al ritmo que le marcaba su señor Puigdemont, y no facilitar bazas a los «socios desleales» de ERC. Y abofé que lo consiguió, a costa de meter a Cataluña en un laberinto político. De hecho, aún dispone de días -hasta que se ejecute la sentencia- para convocar las elecciones que anunció en enero. Pero no lo hará. Le interesa el caos: un presidente en funciones, con las manos atadas, que no puede plantear una cuestión de confianza, ni designar ni destituir consellers, ni convocar elecciones. Hará falta mucha ingeniería jurídica para resolver el galimatías. Y mucho tiempo: el que necesitaba Puigdemont.