No tengo nada en contra de lo privado. Entiendo perfectamente que su existencia y que cualquier propietario cuente con la suficiente seguridad jurídica como para hacer valer sus derechos, sin olvidar que debe cumplir con un papel en la sociedad a través de unos deberes, como por ejemplo el pago de los impuestos que corresponda. Sin embargo, hay actividades a mi juicio tienen que ser públicas, y en caso de permitirse que las haya también privadas, el usuario que quiere acceder a esos servicios debe ser quien abone el coste por su utilización. Un caso sería la enseñanza concertada. Esta semana ha sido portada en varios medios de comunicación de tendencia conservadora que el Gobierno estatal la ha apartado en el reparto de ayudas que se están acordando en la Comisión para la Reconstrucción creada en el Congreso con los votos en contra de toda la derecha.
Soy consciente de la situación que viven muchas familias, pero sin querer desviarme del tema a mí lo que me asombra es que se pueda defender a día de hoy los conciertos. En tiempos de los gobiernos de Felipe González pudieron tener su razón por falta de plazas en la red pública (obviamente no se podían quedar fuera ningún menor del sistema educativo), pero en la actualidad me parece que carece de todo sentido que con el dinero de todos los ciudadanos paguemos la escolarización de niñas y niños habiendo espacio en los centros gestionados directamente por las administraciones regionales. Estos centros son privados, y por tanto serán sus dueños los que se las tendrán que arreglar para poder financiarse y mantener la actividad. Creo que se disfraza torticeramente el concepto de «libertad de centro», porque por supuesto que las madres y los padres tienen el derecho a escolarizar a sus hijas e hijos donde quieran, pero a mi juicio ello no quiere decir que si optan por un centro privado se lo tengamos que sufragar el común de los mortales. Quien quiera ir por lo privado que se lo pague de su bolsillo. Así de fácil.
El deber de la administración pública es garantizar que su red es de calidad, que cuenta con los medios humanos y materiales suficientes y que la política de Educación se enmarca en una inversión social, no un gasto por mucho que en contabilidad se le llame así. Es cierto que no debemos necesariamente vincular a quienes van a la pública o a la privada (incluyendo la concertada) con la ideología que cada uno tenga en su casa. Yo siempre fui alumno de centros públicos y me rodeé de algunas compañeras y compañeros que no eran de izquierdas precisamente, y también no son pocos los casos de amigas y amigos progresistas que han estudiado en centros privados y que hoy llevan a sus hijas e hijos a este tipo de colegios. A mí no me parece mal que cada cual elija dónde lleva a sus descendientes (entiendo que siempre buscará lo mejor para ellas y ellos), aunque reconozco que me cuesta entender a alguien de izquierdas recurrir a otra red que no sea la pública (pero lo respeto). Lo que creo que no debería tener discusión es quién paga la matricula. Son muchos años ya de conciertos que se mantienen en el tiempo sin que exista ese problema de plazas en la pública y sabiendo que es difícil eliminarlos de un plumazo lo que creo que sería lo más sensato es establecer un calendario para programar su desaparición. Pienso que debería estar ya clarificado desde hace tiempo, pero por lo que sea los conciertos siguen perviviendo en el sistema educativo español y si no se hace nada al respecto seguiremos pagando a empresas privadas y a entidades religiosas por un deber que debería afrontar lo público con su propia red.