Descubrí el odio que suscita Felipe González tras un reciente artículo en que este cronista le calificaba como el político socialista más importante de los últimos 80 años. Un grupo de lectores identificados como de izquierdas se indignaron conmigo por hacer semejante afirmación. No aducían ningún argumento; sencillamente odian su memoria, y eso que todavía no se había presentado la iniciativa de crear una comisión de investigación parlamentaria de su papel en la creación de los GAL, un asunto judicialmente cerrado hace un cuarto de siglo.
Como se puede comprobar por esta insignificante experiencia personal, la figura del expresidente sigue dividiendo a la sociedad, aunque de una forma distinta a como lo hizo en los trece años que ocupó la jefatura del Gobierno. Ahora sus grandes defensores se encuentran entre quienes nos declaramos constitucionalistas y valoramos la templanza de su obra política, la renovación del socialismo, su escrupuloso respeto al engranaje institucional y su sentido de la historia, muy alejado de los afanes revisionistas de sus sucesores.
Sus grandes detractores son quienes le reprochan que no haya ejercido la revancha cuando estaban vivos muchos más represores franquistas o que haya sido tolerante con el «régimen del 78», olvidando que él es uno de sus artífices, que fue básico en la modernización de España y que gracias a él el socialismo gobernó este país durante más de siete legislaturas. Los gobernantes de ahora quizá no le perdonan su independencia de criterio, que le permite criticar la política actual. Y los independentistas son sus declarados enemigos no tanto por los puntos oscuros del GAL como por su sentido de Estado y su defensa de la unidad nacional.
Ahora van a por él. Someterlo a una comisión de investigación es su gran oportunidad. Sus promotores saben que esa comisión no saldrá adelante porque le faltarán los apoyos de los partidos políticos constitucionales, por mucho que los letrados del Congreso la vean viable. Pero saben también algo más: que, por el hecho de anunciar su creación, se monta mucho ruido y se resucita 25 años después la famosa X que el entonces juez Baltasar Garzón situó sobre el organigrama del GAL. Resucita la duda, la opinión pública se encargará de declararle culpable, aunque sea sin pruebas. También en los juicios políticos funcionan los procesos paralelos y las condenas populares.
Pero no nos engañemos: con la investigación de Felipe González no se busca solamente la destrucción de una persona y su memoria. Se busca algo mucho más ambicioso y de mayor alcance: poner bajo sospecha a uno de los grandes protagonistas de la transición y a uno de los grandes autores del Estado democrático que tenemos. El otro es el rey Juan Carlos I. Si caen los dos, caen los pilares vivos de sistema constitucional. Y el socio de Pedro Sánchez en el Gobierno, entre los autores de la destrucción.