Fue solo hace dos lejanos meses, el 18 de marzo, cuando Feijoo, presidente y candidato, firmaba el decreto que «dejaba sin efecto la celebración de las elecciones». En el centro y en los márgenes del mismo surgieron afirmaciones que asentaban, como señaló la profesora Lagares, la primacía del sentido común sobre la dudosa constitucionalidad del hecho. Y ello en base a tres argumentos, uno axiomático, otro de consenso, y un tercero técnico.
El primero, esgrimido por Feijoo, se construía desde el axioma «el estado de alarma imposibilita celebrar elecciones», y no se refería a la norma sino a los requerimientos de movilidad y contacto que generan los derechos de electores y elegidos. El segundo, el del consenso, apunta al hecho de que fuera un candidato el que firmaba el decreto que anulaba sus elecciones, e incidía en legitimar la decisión con el acuerdo entre los candidatos y con la Junta Electoral. El tercero, de carácter técnico, supeditaba la convocatoria a la seguridad de los ciudadanos y señalaba que esta no se produciría hasta una vez «superado el estado de alarma y el riesgo sanitario».
El hecho de que Urkullu arrancara a la debilidad parlamentaria de Sánchez la posibilidad electoral no convalida a Feijoo para desligarse de los argumentos del decreto; a no ser que definitivamente no se prorrogue el estado de alarma, la legitimidad del acuerdo que requería la desconvocatoria sea ahora prescindible, y el riesgo sanitario haya desaparecido.
En Wuhan tardaron 76 días en salir a la calle y cuatro meses en levantar su cuarentena, aunque mantienen restricciones para quien no dispone de código QR verde. Allí cerraron ciudades, se confinaron cuando llevaban 17 muertos y salieron cuando en China no había ningún nuevo contagio y con menos de diez muertes diarias. En España, nunca nos atrevimos a cerrar ninguna ciudad, nos confinamos cuando llevábamos más de 100 muertos y no falta quien proponga levantar el estado de alarma con 200 muertos y más de 500 contagios diarios.
Frente al temor jurídico a una hipotética prolongación de la legislatura gallega, creo que la misma dudosa constitucionalidad -el sentido común- que ha dejado sin efecto la convocatoria podría aplicarse nuevamente, si las elecciones no pudiesen celebrarse en octubre.
Me cuesta comprender que esta repentina urgencia democrática se imponga a la sanitaria, y más aún, que Casado tenga tanto interés en el éxito personal de Feijoo. A no ser que no se trate de la salud ni de la democracia, y estemos todos cooperando para crear una normalidad ficticia que permita que alguna ciudad, que en su momento debimos cerrar, abandone las restricciones de la fase cero, y se normalice antes de julio. Pongamos que hablo de Madrid.