Es interesante observar la reacción de preocupación de la ciudadanía al conocer las dificultades de los centros sociosanitarios de personas mayores y con diversidad funcional. Ello refleja una realidad, el desconocimiento mayoritario de una situación que vive una parte importante de la población. Asturias presenta la mayor densidad de personas mayores de 65 años de toda España. Los datos del Padrón Municipal de Habitantes (INE 2013), muestran que la población asturiana se situó en 1.068.165 personas. De ese mismo Padrón se extrae que el 23% son personas con edad superior a 64 años. En 2018, Asturias cuenta con una población de 1.034.960, y el 25,46% son personas mayores de 65 años. Nos encontramos en un proceso de descenso de población -un 3,10% en los últimos 5 años-, pero con un incremento de población mayor de 65 años (2,46%), y del tramo entre 55 y 64 años (baby boom). Esto tendrá consecuencias socioeconómicofamiliares con la reducción de la renta per cápita. Además, la Encuesta de Integración Social y Salud (EISS-2012) reveló que el 19,1% de la población asturiana presentaba alguna discapacidad. Y el Plan de actuación integral para personas con discapacidad de Asturias (2015-2017) afirma que «seis de cada diez personas con discapacidad son personas mayores de 65 años y de ellas, tres, superan los 80 años».
Un gran número de centros sociosanitarios del ERA e instituciones sociales para personas dependientes y con diversidad funcional son públicos; y además hay más de 200 residencias privados y/o concertados, sobre todo en la zona centro. Una pequeña parte de las residencias privadas son entidades del tercer sector vinculadas a la Fundación Lares Asturias, pero la mayoría tiene carácter lucrativo y funcionan como empresas. La población asturiana está cada vez más envejecida y con menos poder adquisitivo, con mucha oferta y demanda pública y privada de centros sociosanitarios.
¿Qué nos ha pasado ante el COVID-19? Nuestra realidad sanitaria es mucho mejor que la de otras comunidades autónomas. ¿Por qué el talón de Aquiles está siendo las residencias?
Cuando se inició la crisis en 2008, algunas empresas -que tienen su origen en las obras públicas- iniciaron una ampliación de su oferta en el ámbito de los servicios, sobre todo, en las Residencias como ámbito rentable que mantendría su empresa con la «diversificación de los productos». El modelo de residencia tradicional era asistencial, de atención de necesidades básicas. Los Decretos de 2002 y 2009 regularon la acreditación de los centros introduciendo criterios, condiciones e inspección. Pero con la crisis todo se ralentizó y flexibilizó. Las nuevas empresas de servicios ofrecían lujo en sus infraestructuras y equipos interprofesionales. Pero el precio era alcanzable sólo para unas pocas personas. La mayoría de la población accedía a residencias públicas, si tenían la suerte de obtener una plaza en el ERA, o en residencias más sencillas que implicaba menos servicios y espacios más limitados. La animación sociocultural se fue introduciendo en el ocio residencial, así como la terapia ocupacional y la fisioterapia. Pero, la profesión base no se cuidó. La formación y contrato de quien atendía directamente a las personas mayores era difusa. Más tarde, se fue integrando el perfil de auxiliar de clínica. No fue hasta 2018 cuando se empezó a introducir el perfil profesional de la atención sociosanitaria, con la acreditación de las cualificaciones profesionales de instituciones sociales y de ayuda a domicilio, incluidas en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención Sociosanitaria que, desde 2013, se denomina Atención a Personas en Situación de Dependencia y ambos títulos son equivalentes. Hay que tener en cuenta que los centros sociosanitarios no son instituciones sanitarias, sino sociosanitarias. Quizás aquí está una de las cuestiones para entender el momento presente.
Hay que recordar que los recortes sanitarios, en servicios sociales y dependencia debilitaron los sistemas, tanto en materiales como en personal e infraestructura. En algunos de los centros sociosanitarios públicos se cedió la gestión a empresas privadas a través de la concertación, sino en todo (la propiedad siguió siendo pública), sí en parte, es decir, algunos puestos de dirección y servicios se mantuvieron públicos y el resto concertados con empresas privadas.
El modelo de residencia intentaba evitar el déficit (número de plazas, habitaciones, espacios, compartidos, contratos, ratio en el límite legal, en algunos casos), con una cualificación y atención profesional más sanitaria que social, reduciendo bienes y servicios (sanitarios asistenciales, movilidad, alimentarios…). Todo parecía estar en función del beneficio económico, del lucro. Esto nos lleva a replantear el modelo de residencia actual en todos los ámbitos, también en el número de plazas y edificación, así como su gestión. En Asturias no hemos dado el paso real a un modelo integral centrado en las personas. Las viviendas colaborativas están empezando a ser una nueva forma de atención. Habrá que ir posibilitando nuevas formas más humanas y que pongan el centro en la persona y no en el lucro.
Por otro lado, sin duda, las inspecciones no han sido todo lo eficaces que debieran. Es un tema fundamental sobre el que habrá que profundizar y que pudo haber evitado situaciones antes y durante esta crisis. Si algo hay que resaltar es la disponibilidad y la humanidad de las y los profesionales, tanto por la sociedad como por las empresas por las que son contratadas. Gracias a ellas y a ellos que son quienes directamente cada día están cuidando a nuestras personas mayores y con diversidad funcional. Esperemos que, a partir de ahora, les valoremos y pongamos los medios necesarios para que las residencias sean gestionadas siguiendo el modelo integral centrado en la persona y no en las necesidades de rentabilidad y lucro.
Hay que recordar también a las y los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las y los Empleados del Hogar. Como sociedad tenemos que reconocer su trabajo de cuidados; y la mejor forma de reconocerlo es mejorando su situación sociolaboral, especialmente, la de las mujeres migrantes y racializadas que algunas están sufriendo -incluso abusos sexuales- por no tener papeles. Gracias a su trabajo nuestras personas dependientes están cuidadas y atendidas.