Estamos ante un momento de inflexión. La coyuntura actual nos ha servido a todos como llamada de atención para reflexionar sobre el papel que juegan agricultores y ganaderos en nuestra economía, pero también en nuestra vida diaria. Un trabajo que pasa, o más bien pasaba, desapercibido para la gran mayoría de la ciudadanía. Los bajos precios que perciben agricultores y ganaderos, así como los escasos márgenes de sus explotaciones, han llevado a este Gobierno, ante los primeros síntomas de alarma, a convocar reuniones con todos los agentes que forman la cadena agroalimentaria para escucharles, analizar la situación y aportar soluciones a los problemas del sector en apenas cuatro semanas.
Estamos ante una situación que requiere la actuación simultánea y cooperativa de todas las administraciones, central y autonómica, así como de todos los actores del sector agrícola y ganadero, puesto que, en general, se trata de problemas estructurales que aquejan, desde hace años, a la agricultura española, pero también a la europea.
Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hemos querido ser los primeros en empezar a cumplir con nuestra parte. Así, el pasado 25 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, con una modificación sustantiva de la Ley de la Cadena. Es un primer paso, importante, histórico diría yo, de otros muchos que seguirán con el fin de contribuir a la recuperación de la rentabilidad de las explotaciones y a la restitución de la dignidad que merece la labor que despliegan nuestros agricultores y ganaderos.
Queremos que la cadena sea una verdadera cadena de agregación de valor y sin eslabones débiles que vean depreciado el fruto de su trabajo. Así pues, nuestro objetivo es reforzar la posición negociadora de los productores agrícolas y ganaderos, dotar de un mayor equilibrio al reparto de valor de la cadena alimentaria y promover mayor transparencia en la fijación de los precios. Para lograrlo, la reforma de la Ley de la Cadena alimentaria incluye disposiciones que impiden la destrucción de valor mediante prácticas como lo que, comúnmente, se conoce como venta a pérdidas, o mediante ofertas promocionales engañosas para el consumidor que, por ejemplo, el sector lácteo, de vital importancia para la economía gallega con una producción de casi el 40 % de nuestro país, conoce tan bien. También hemos adoptado medidas para hacer constar los costes de producción dentro de los contratos como una referencia en la fijación de los precios y que el precio de venta nunca pueda ser inferior al coste de producción. Asimismo, hemos atendido una demanda muy recurrente del sector como es la publicación de las sanciones graves y muy graves con el fin de que el consumidor tenga conocimiento de los operadores que incumplen la Ley de la Cadena, y así promover un consumo ético y responsable.
En el mes de marzo se renuevan buena parte de los contratos del sector lácteo. Suelen ser negociaciones difíciles entre los productores y la industria, pero gracias a la modificación de la ley que acabamos de aprobar será obligatorio tener en cuenta el coste de producción de los ganaderos y ganaderas, para que la cadena de precios -y de valor- se construya desde abajo hacia arriba. Queremos reforzar al eslabón más débil de la cadena y evitar que quiebre, porque solo con una actividad agroganadera rentable, nuestros pueblos se mantendrán vivos y poblados.
Hemos actuado con diligencia. El real decreto-ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de febrero, ha puesto a disposición del conjunto del sector una herramienta clave para que todos los operadores de la cadena actúen con responsabilidad, buscando el equilibrio.
Pero aún tenemos camino que recorrer. El paso inmediatamente siguiente será la transposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, que nos permitirá ahondar aún más en la eliminación de situaciones que generan injusticias en nuestro sector primario.
Como complemento a la modificación de la Ley de la Cadena, este mismo año vamos a presentar también anteproyectos de Ley de Interprofesionales y de Integración Cooperativa. La estructuración del sector en torno a organizaciones fuertes es esencial para su vertebración y competitividad, así como para elevar el valor de sus producciones. En el ámbito cooperativo, el sector agroalimentario gallego tiene muchas fortalezas. Aun así, es necesario seguir mejorando la concentración de la oferta, la dimensión y la competitividad para lograr un sector agrícola y ganadero sostenible en sus tres aspectos fundamentales: económico, social y medioambiental.
Por parte de este Gobierno, de diálogo y de acción, pueden contar con toda la disposición y todas las herramientas para mejorar el rendimiento económico de las explotaciones y la calidad de vida de nuestros agricultores y ganaderos, para asegurar así el futuro necesario de nuestro medio rural.
En el ámbito cooperativo, el sector agroalimentario gallego tiene muchas fortalezas. Aun así, es necesario mejorar la concentración de la oferta y la competitividad