La pantomima orquestada por la élite que gobierna la mayor teocracia musulmana del mundo se saldó, el pasado viernes 21, con la menor participación desde el nacimiento de la república iraní en 1979. Con una media de tan solo un 42,5 % de participación, que descendió al 25 % en la capital, la legitimidad de los candidatos electos es más que cuestionable desde el punto de vista del respaldo ciudadano. Nada que ver con las votaciones del 2016, cuando la población de Teherán acudió masivamente a votar para garantizar que los 30 asientos parlamentarios fueran ocupados por los moderados que respaldaban al presidente Rouhani. Pero las circunstancias han variado sustancialmente en cuatro años.
La retirada de EE.UU. del acuerdo de no proliferación nuclear ha supuesto un estrepitoso fracaso para el presidente Rouhani y el agravamiento de las sanciones internacionales han golpeado duramente a la población, que asfixiada salió masivamente a protestar en noviembre pasado. Unas protestas que fueron duramente reprimidas. Pero, además, el asesinato selectivo de uno de los pilares del régimen, el general Soleimani, y el derribo accidental de un avión de pasajeros ucraniano han resultado ser demasiado humillantes para un régimen que quiere recuperar el control por el medio que sea.
Por todo ello, Alí Jamenei, el líder supremo, y los más extremos conservadores han decidido asegurarse de que el parlamento no siga apoyando «la deriva occidental de Rouhani» hasta las próximas elecciones presidenciales del 2022. Para lograrlo, el Consejo de los Guardianes, integrado por seis clérigos y seis juristas, ha vetado a más de 7.000 candidatos, 90 de los cuales son miembros del Parlamento saliente. Dado que en las listas solamente había representantes conservadores se comprende el escepticismo de los iraníes. Pero el régimen no quiere interpretar la baja participación como disconformidad, sino como el resultado influencia de la perniciosa propaganda occidental que ha atemorizado a la población con la extensión del coronavirus en el país. Todo vale para reprimir, pero ¿hasta cuándo?