La decisión de la empresa Expal Metallurgy (del grupo Explosivos Alaveses, y en último término, de su matriz Maxam) de cesar su actividad en las instalaciones de Trubia y extinguir los contratos de 57 trabajadores ha dado lugar a una serie de movilizaciones y pronunciamientos movidos por la comprensible preocupación por la pérdida de actividad industrial y empleo. Según las explicaciones de la empresa, a tenor de lo recogido en los medios, la explicación reside, entre otras, en las dificultades para obtener autorizaciones gubernamentales para la exportación de la producción a mercados como Arabia Saudí. Se han sucedido distintas declaraciones, de diversa procedencia, cuestionando las razones aducidas por la empresa, llamando a la búsqueda de alternativas para la comercialización del material producido por Expal y, en algunos casos, pidiendo al Gobierno que otorgue las autorizaciones necesarias para que la fabricación pueda recalar en el país saudí.
Hace unas semanas, precisamente en Oviedo, en el marco de la VIII Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, se proyectó el documental La guerra empieza aquí (Joseba Sanz, 2018), en el que se pone de manifiesto cómo determinadas actividades exportadoras de material de defensa y doble uso fabricado en España acaban alimentando conflictos bélicos con un coste humano insoportable. En la cinta se recogen las reflexiones del bombero vasco Ignacio Robles, que se negó a participar en un operativo en el Puerto de Bilbao cuyo objetivo era la exportación de armas a Arabia Saudí; y su testimonio se alterna con el de Faten Al Osimi, una joven yemení que relata los bombardeos que asolan al país desde hace años y su trabajo facilitando ayuda humanitaria a la población infantil. Entre las empresas españolas cuya producción se ha constatado que ha terminado nutriendo el arsenal de Arabia Saudí se encuentra, como se denuncia en el documental, Expal.
El conflicto armado en Yemen dio comienzo cuando, en marzo de 2015, una coalición de estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos intervino en el país con la intención de restablecer en el poder al gobierno reconocido internacionalmente, después de que el movimiento armado de los Huthis tomara la capital yemení, Sana’a a comienzos de 2015. Según Naciones Unidas, a finales de 2019, más de 233.000 yemeníes habrán muerto por culpa de los combates o de la crisis humanitaria, cerca de 14,3 millones de personas están en riesgo de hambruna y 24 millones, de una población de 29 millones, necesitan ayuda para sobrevivir. Una de cada tres personas, fundamentalmente mujeres y niños, están a un paso de la hambruna. Más de 16 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, así como 15 millones no tienen acceso a servicios sanitarios mínimos ya que los hospitales apenas pueden funcionar por no tener medios. Naciones Unidas y distintas organizaciones no gubernamentales internacionales y locales han documentado graves abusos, incluidos crímenes de guerra, por todas las partes del conflicto, como ataques deliberados y desproporcionados contra población civil, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, o tortura. En los cuatro primeros años de conflicto, Amnistía Internacional ha contabilizado al menos 41 ataques aéreos de la coalición saudí que presuntamente violaron el Derecho Internacional Humanitario, muchos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra. Entre 2015 y junio de 2018, España exportó armas a Arabia Saudí por un valor superior a los 1.100 millones de euros, mientras otros países, como Noruega, Dinamarca, Finlandia o Suiza paraban este tipo de ventas a la coalición encabezada por el reino saudí.
Tras una intensa campaña bajo el lema Armas bajo control patrocinada por distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos (Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace e Intermón Oxfam), España se dotó en su momento de la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (entendiendo por éste el de habitual utilización civil pero que puede ser aplicado a uso militar), completando y llevando a una norma plenamente vinculante el pionero Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (1998). La ley recoge en su preámbulo que «España tiene el deber de asegurar que sus exportaciones son coherentes con los compromisos vigentes de conformidad con el Derecho Internacional y de manera que se garantice que dichas exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos, no aviven los conflictos armados ni contribuyan de forma significativa a la pobreza». Para ello, la ley establece un régimen de autorización administrativa previa de las transferencias, junto con el control necesario para asegurar que se certifique su destino final, se evite la reexportación, se preserven los límites en dichas autorizaciones, se inscriban los operadores de dicho material y se dé la información necesaria, tanto al público en general como, con el detalle necesario, al Congreso de los Diputados. Entre las causas de denegación de autorizaciones, se señala con claridad que la negativa se producirá (artículo 8.1.a) «cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos». Además, España asumió obligaciones con la comunidad internacional y con el resto de estados parte del Tratado sobre Comercio de Armas al ratificarlo en 2014. Esas obligaciones incluyen la prohibición, para el Estado parte, de autorizar transferencias de armas convencionales, municiones y piezas y componentes que permitan la fabricación de armas «si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra» (artículo 6.3). Evidentemente, las exportaciones de esta clase de material a Arabia Saudí, país inmerso en el conflicto de Yemen donde se ha registrado el catálogo de horrores antes descrito, entran de lleno en los criterios que justifican la denegación de las autorizaciones.
La industria militar española es, como es sabido, de particular magnitud en términos relativos. De hecho, España es el séptimo país que más armas exporta (en torno al 3% del volumen global), y el destino de esas armas y materiales es de lo más variopinto, pero incluye periódicamente países en conflicto interno, entre los que se cuentan desde la República Centroafricana, Iraq o Ucrania, o países involucrados en operaciones militares de envergadura como Turquía o Israel. A su vez, hemos visto como los complejos mecanismos legales preventivos, de trazabilidad o de transparencia dirigidos a evitar que el material fabricado en nuestro país acabe alimentando la tragedia que viven países como Yemen, no han funcionado con la diligencia y eficacia deseada, como vienen denunciando periódicamente las organizaciones de Derechos Humanos.
En un mundo trufado por el conflicto, España tiene la obligación, no sólo legal y convencional como hemos visto, sino también moral, de asegurar que no se traspasan los límites impuestos al comercio de armas y material de doble uso. Por eso, en la ponderación de los valores en juego, y en la articulación de los discursos públicos lanzados al calor del conflicto social desatado por la regulación de empleo pretendida por Expal en Trubia, es conveniente apelar a la responsabilidad y no relativizar la importancia de estos controles ni abogar por su relajación o por hacer la vista gorda tras la conveniente presión institucional, como se ha escuchado a algunas voces (por fortuna, minoritarias). Que un futuro industrial para Asturias y las legítimas expectativas de empleo de los trabajadores sean gracias al dinamismo económico y social de nuestra región y a las políticas públicas que lo propicien. Pero que nunca sean a costa de retroceder en el control de la exportación de armas y material de defensa y potencial uso militar.