La ministra de Economía anunció el pasado lunes una «moderada aceleración del crecimiento» durante los meses finales del 2019. La EPA, publicada al día siguiente, vino a confirmar su apreciación. Entre octubre y diciembre, un período tradicionalmente plano o regresivo para el mercado laboral, la economía española creo 92.600 nuevos puestos de trabajo. Nunca, desde que en el 2014 comenzó la recuperación, se generó tanto empleo en el último trimestre del año. El número de ocupados creció en el 2015 y en el 2018, pero menos de la mitad que en el 2019. Y en el 2016 y 2017 se destruyeron 70.000 empleos en los meses finales de esos años.
Refrenados los agoreros, conviene también aplacar el optimismo desaforado. Todavía es pronto para saber si el dato, positivo pero aislado, es flor de un día, como aquellos «brotes verdes» que se marchitaron en un santiamén, o señala un cambio de tendencia, el final de la desaceleración económica que se percibía en el verano. Aplacemos el juicio hasta conocer las dos EPA siguientes, porque retratarán dos trimestres tradicionalmente antagónicos: el peor y el mejor del año. El invierno de la devastación y la primavera en que florecen las contrataciones.
Claro que nunca llueve a gusto de todos. Y en economía, menos. La creación de puestos de trabajo en el cuarto trimestre se ha concentrado en cuatro comunidades autónomas: Madrid, sobre todo, y Canarias, Andalucía y Cataluña. En el otro extremo destaca la destrucción de empleo en Baleares y Extremadura. Ante ese reparto desigual, la reacción de los responsables autonómicos sigue el primer precepto del catón: la creación de empleo se debe a mi atinada gestión, de la destrucción de empleo se culpa al Gobierno. Pero Fernández Vara ha introducido una variante: la hemorragia de empleo en Extremadura ha sido causada por el salario mínimo.
Comparto con Fernández Vara la mayor: subir el salario mínimo es una cuestión de justicia social. Dicho con sus palabras: «No puede ser malo que la gente tenga un salario digno para vivir». Pero también beneficioso para la economía, porque alienta el consumo. La dificultad estriba en colocar el listón a la altura adecuada. Si muy bajo, perpetúa y aumenta la pobreza salarial e incentiva las actividades de baja productividad. Si muy alto, destruye empleo en los colectivos más vulnerables.
El Gobierno, siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea, aspira a situarlo en el 60 % del salario medio. El problema estriba en que ese objetivo, factible y razonable, ya ha sido superado en algunas zonas y sectores de actividad. Los 950 euros actuales superan el 60 % del salario medio en Extremadura o Galicia, o el salario medio de jornaleros o servicio doméstico. Y como no sería sensato establecer salarios mínimos por autonomías y sectores productivos, el coste de las subidas se distribuye desigualmente. Desgraciadamente, toda medida económica tiene una cara y una cruz. Lo que no quita razón al propósito de Fernández Vara: el Gobierno puede ayudar a llevar la cruz a quien le ha tocado.