Hemos conocido la sentencia del llamado caso de los ERE de Andalucía y me gustaría hacer alguna reflexión al respecto, porque depende de a quien se oiga parece que no hay casi 7.000 trabajadores y trabajadoras que hoy pueden vivir con dignidad gracias a las ayudas dadas a través de esta vía.
En primer lugar, debemos recordar que un ERE es un expediente de regulación de empleo, que conlleva la suspensión temporal o la extinción de contratos de trabajo mediante un procedimiento colectivo. Hasta la reforma laboral del PP necesitaba de la autorización previa de Administración laboral y que después de ella, la empresa puede aplicar tras negociar durante 30 días con la representación de los trabajadores, salvo en las compañías con menos de 50 trabajadores. En este caso, el período se reduce a 15 días. Es decir, son mecanismos a disposición de las empresas para realizar ajustes de plantilla o simplemente, sin utilizar eufemismos, despidos.
Esos procedimientos se utilizaron de manera muy importante durante la crisis que azotó a toda España -y a Andalucía especialmente-, y tuvieron su máxima expresión en el cierre de firmas como Delphi, o las compañías mineras de la Franja Pirítica o la Sierra Norte de Sevilla. Ante esta situación había dos formas de abordar el problema: o dejar a los trabajadores y trabajadoras afectados a su suerte o tomar la decisión de poner en marcha mecanismos para evitar esta situación y a la vez intentar impedir una mayor crisis económica, laboral y sobre todo social, como hicimos la Junta de Andalucía y las organizaciones empresariales y sindicales. Casi 7.000 personas pudieron acogerse a esos procedimientos y lograr, en muchos casos, un puente a su jubilación que hoy les permite vivir con dignidad.
No era una cuestión nueva. Solo hay que recordar los procesos de reconversión de sectores como el naval, la siderurgia, la minería o la línea blanca acometidos en los años 80 e incluso a comienzos de los 90. Ni tampoco era un mecanismo que solo se utilizara en Andalucía, y ni siquiera que lo hiciera en solitario, ya que en algunos casos los ERE se abordaron incluso junto al Ministerio de Trabajo, que en muchas ocasiones había promovido acciones similares. Hasta aquí nuestra participación, que se limitó a intentar evitar esos despidos y, cuando fueron inevitables, procedimos negociar con las empresas y administraciones las mejores condiciones posibles para los trabajadores y trabajadoras afectados por esos ERE. Parece evidente, a la luz de lo manifestado por la sentencia, que la gestión administrativa de estos mecanismos de la Junta de Andalucía dejaba mucho que desear y que hay personas que directa o indirectamente se han lucrado de ello. Sin olvidar los supuestos intrusos (de 70 a 196, según las fuentes) que lograron beneficiarse de algunas de esas ayudas y cuyos expedientes fueron validados por los servicios de la Junta.
Con la misma fuerza con la que nos hemos expresado al personarnos como acusación particular para esclarecer y sancionar las actuaciones irregulares, incluso corruptas, que se produjeron durante la gestión de estos mecanismos, debemos explicitar la bondad de estas medidas para paliar con dinero público zonas castigadas por los efectos de esos ajustes de plantilla e incluso cierres de empresas. Las ayudas a los ERE son una medida necesaria, que ojalá se pudiera aplicar en todo el país con los suficientes mecanismos de control.