Ante una sentencia tan demoledora como la de los ERE no caben medias tintas, ni el manido «y tú más», ni mucho menos justificaciones. Supone una mancha indeleble para el PSOE, y no solo en lo que se refiere al andaluz, como algunos están diciendo, sino que afecta de lleno al nacional. Voy a centrarme en los protagonistas de la trama. En primer lugar destacan José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación, y Manuel Chaves, que ha recibido una pena de nueve años de inhabilitación. Cierto que ambos lo han sido todo en el PSOE andaluz, pero también en el estatal. Chaves estuvo 19 años en San Telmo, fue ministro con Felipe González y vicepresidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero. Griñán fue consejero de Economía y Hacienda, luego su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, cargo en el que permaneció cuatro años, y ministro con González. Pero hay algo de suma importancia: los dos ejercieron como presidentes del PSOE, es decir referentes al máximo nivel del socialismo español. Con estos currículos, sostener que la condena de los ERE no tiene nada que ver con el PSOE nacional es el colmo del absurdo. Como lo es pedir la dimisión de Pedro Sánchez, que cuando sucedieron los hechos no era nadie en la organización. Pero este caso tampoco le es ajeno. Como actual secretario general debe asumir la historia de su partido, dar la cara y pedir perdón, porque los condenados no son gente que pasaba por allí, sino altísimos dirigentes socialistas y no en tiempos tan remotos. Griñán era presidente del partido en el 2014. El propio Sánchez reiteró que tanto Chaves como Griñán son honestos. Ahora la vicepresidenta Calvo apela a la decisión final del Tribunal Supremo. Pero si bajamos un escalón nos encontramos con dos pesos pesados como Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías -condenados a nueve años de inhabilitación-, que en su día fueron todopoderosos mandatarios que hacían y deshacían a su antojo. La primera ejerció un enorme poder en Andalucía como consejera de Economía y Hacienda, la dueña de la caja que hacía agujeros por todas partes, y luego al frente del Ministerio de Fomento. Su labor fue premiada con la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, hasta que se vio obligada a dimitir en el 2014. Maleni, como la llamaban, fue nombrada ministra tras la aprobación del Plan Galicia y se la acusó de torpedear las inversiones en esta comunidad, priorizando las que iban a Andalucía. Para siempre quedará su exabrupto «plan Galicia de mierda», toda una declaración de intenciones. Por su parte, Zarrías fue la mano derecha de Chaves, primero como consejero de la Presidencia y luego en el cargo de vicepresidente de la Junta, y una especie de virrey por el que pasaban todos los asuntos importantes. Sin su visto bueno no se movía un papel en Andalucía. Al igual que sucede con Álvarez, su relación con Galicia fue tormentosa. Como secretario de Estado de Cooperación Territorial jugó un papel destacado en la impugnación de la ley de cajas de la Xunta, que favorecía la fusión de las dos gallegas.