Para situarnos, cabe decir que nada define con pocas palabras al Neoliberalismo como la conocida metáfora sálvese quien pueda, y sobra decir que uno de sus ejes es la acumulación de riqueza —sin límites establecidos— en manos de unos pocos, así como la desprotección por parte del Estado de grandes masas de ciudadanos. O sea, el polo opuesto al Estado del bienestar, el cual ofrece la redistribución por ley de la riqueza generada para que nadie se quede atrás. También es sabido que la doctrina neoliberal la pusieron en práctica inicialmente Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EE.UU. y el Reino Unido, respectivamente, durante sus mandatos en la década de los años 80 del pasado siglo XX. Y recordemos, en fin, que el neoliberalismo fue secundado no solo por los partidos conservadores, sino también por los llamados partidos socialdemócratas y laboristas, eso sí, con menor calado por las socialdemocracias del norte de Europa.
Aquí, con ocasión del debate de investidura celebrado en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular, por medio de la señora Díaz Ayuso, nueva presidenta de la comunidad madrileña, soltó una vez más el mantra neoliberal de que reducir impuestos es estupendo, y prometió llevar a cabo, emulando a Donal Trump, «la mayor bajada de impuestos de la historia», lo cual, de llevarse a cabo, lloverá sobre mojado, pues sus predecesores ya habían convertido a la comunidad autónoma madrileña en el territorio con menor presión fiscal del Estado. Si algo pudo tener de positivo ese órdago, sería haber puesto en la agenda mediática una vez más los impuestos, fuente del Estado de Bienestar. Díaz Ayuso, en relación con dicha promesa indicó que la reducción sería de otros 0,5 puntos “para todos” en el tramo del IRPF madrileño, lo que significa un ahorro de calderilla para las rentas bajas y de sustanciosos importes para las rentas altas. Y decíamos otros 0,5 puntos porque su compañera y expresidenta de la Comunidad madrileña, Cristina Cifuentes, ya había aplicado la misma reducción en 2018.
Entre las hazañas que el Partido Popular llevó a cabo en la Comunidad de Madrid, destaca el estado crítico en el que ese partido dejó la sanidad pública. Según el Observatorio Madrileño de salud, la última legislatura de la Comunidad deja un balance muy negativo en materia sanitaria, que se evidencia si confrontamos sus indicadores con los del promedio de las demás comunidades autónomas. Ya en el año 2015 el promedio del conjunto de comunidades autónomas en gasto total en sanidad por habitante había sido de 1.399 euros y el de Madrid de 1.233 euros. Y para el presente ejercicio 2019-2020 se ha presupuestado 1.444 euros y 1.236 euros, respectivamente, o sea, un 14,42% menos para la comunidad de Madrid. Y es que del Partido Popular no se podía esperar otra cosa: no en vano había sacado la Ley estatal 15/1997, de 25 de abril, que deja el camino expedito para ir traspasando la sanidad pública -la de todos- a la gestión privada.
El PSOE, por su parte, sobre la reducción del tramo del IRPF madrileño replicó a través de sus barones que «ello produciría un desequilibrio fiscal (como si no lo hubiera ya) entre los distintos territorios». Pero ese desequilibrio, no es la peor consecuencia, y además, desde el punto de vista estrictamente técnico, tendría fácil solución: bajar los impuestos en la misma o mayor medida en el resto de comunidades autónomas. El Partido Socialista, que siempre anduvo sobrado de astucia y tiene y tuvo mucho tiempo la llave del CIS, sabe que en el votante español sigue calando como lluvia fina la idea de que pagar menos impuestos es genial, lo cual explica la tímida respuesta de sus barones para no molestar demasiado al respetable votante con la pedagogía que correspondería a un partido socialista, es decir, que la progresividad en la aplicación de los impuestos y la suficiencia de los tipos impositivos, constituyen dos factores imprescindibles -aunque no los únicos- para que una región o país avancen con su población cada vez más cohesionada hacia el Estado del Bienestar que los socialistas dicen perseguir. Por el contrario, cuando la ola neoliberal pasa con su bajada de impuestos se produce un aumento del déficit y de la deuda, que después se corregirá con la ya clásica fórmula del recorte de los servicios que presta el Estado, servicios de los que dependen en gran medida las capas de población con menos recursos. Hay múltiples ejemplos en la reciente historia económica que ilustran esos vaivenes de la economía, los cuales dejan invariablemente un aumento de la desigualdad social, porque -hay que insistir- toda bajada de impuestos se traduce irremediablemente en recortes de beneficios sociales y de servicios públicos, con las consiguientes privatizaciones de los mismos, que es, en definitiva, lo que el conservadurismo y el social neoliberalismo persiguen.
En este afán privatizador de los servicios públicos el PSOE nunca se quedó atrás. Ya en 1985 el Partido Socialista, con la excusa de eliminar las subvenciones que se venían otorgando a la escuela privada, estableció la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), por la cual el Estado pasa a correr con todos los gastos de la escuela privada (casi en su totalidad de la Iglesia católica), y que hoy conocemos como escuela concertada. Esa operación supuso nada más y nada menos que el regalo a la Iglesia de un tercio de la educación no universitaria, con todo lo que ello conlleva de adoctrinamiento y ausencia de objetividad y rigor en la contratación del profesorado y en la consiguiente formación de los alumnos. Otro ejemplo del espíritu neoliberal del PSOE lo encontramos en la privatización de los servicios del agua y de la recogida de residuos urbanos, entre otros. Actualmente, el 50% de esos servicios en todo el Estado ya están privatizados, y fueron casi en su totalidad a manos del duopolio Suez (a través de Agbar) y FCC (a través de Aqualia). A este respecto, a nadie se le escapa la intervención que tuvo el PSOE, de la mano de Felipe González, en la apropiación de FCC por parte del magnate mexicano, Carlos Slim, jefe de nuestro expresidente desde que éste perdiera la jefatura del Gobierno. Fue con esta nueva titularidad del antiguo negocio de las hermanas Koplowitz con la que el Grupo giró su negocio casi en exclusiva hacia la captación de las concesiones de servicios públicos que tanto el PSOE como el PP continúan otorgando a la iniciativa privada con tanta ligereza.
Pero el ejemplo paradigmático de las privatizaciones en España podría ser el de Endesa. Fue Felipe González quien en 1988 inicia la venta de nuestra mayor eléctrica dándole una dentellada del 25%, y terminando Aznar entregando lo que quedaba de titularidad estatal una década después. Lo pintoresco fue este caso es que si para los españoles la pérdida de la propiedad estatal de Endesa resultó una fatalidad, para los italianos fue toda una bendición: como se sabe, Endesa quedó en manos de ENEL, cuyo máximo accionista es el Estado italiano. Sin embargo, para sus vendedores -el dúo neoliberal Felipe González y José María Aznar- sí fue toda una suerte: fueron premiados con un puesto en el consejo de la nueva Endesa, gratitud que hoy conocemos como puertas giratorias.
Este precipicio que supone el neoliberalismo en su última expresión, en el que la entrega de todo lo público al sector privado y la bajada de impuestos a las grandes fortunas parecen no tener fin, dejará al Estado como mera cabeza de los cuerpos represivos y nos llevará hacia el “sálvese quien pueda”, a engrosar las masas ya existentes de neoesclavitud. Ejemplos de la ya existente neoesclavitud los podemos encontrar casi en todas partes, y especialmente donde abunde la precariedad laboral. En nuestro propio país, sin ir más lejos, el 12,3% de personas con empleo son trabajadores pobres, viven por debajo del umbral de pobreza en hogares de exclusión social que no alcanzan el 60% de ingresos medios. En este sentido, Asturias, no se encuentra en estos momentos entre las comunidades autónomas que salen peor paradas en cuanto a hogares pobres (5,8%), pero este dato no nos puede consolar, ya que solo se debe a una situación coyuntural, como es el aluvión de prejubilaciones y jubilaciones de la siderurgia y de la minería, que hacen que el conjunto de las pensiones represente el 25% del PIB asturiano.
Lejos de aquí, en el mismo Estados Unidos, cuna del capitalismo y la riqueza, Philip G. Alston, copresidente del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global, nos dice que allí 40 millones de personas viven en la pobreza, de los cuales 23,8 millones viven en la pobreza extrema. A escala global, en el cono sur americano, en el africano y en el asiático, donde el agronegocio del monocultivo de soja, palma, azúcar, algodón, maíz… por parte de multinacionales está arrasando con el modo de vida y la libertad del campesinado autóctono, proletarizándolo mediante la desposesión de sus ancestrales propiedades con ridículas indemnizaciones y puestos de trabajo en unas condiciones análogas a la esclavitud, como nos cuentan Castro Nazaret y otros autores en el libro Los monocultivos que conquistaron el mundo.
Pero esta neoesclavitud no solo la podemos ver en los ejemplos que hemos señalado. Las nuevas tecnologías están siendo utilizadas con el mayor descaro, también aquí en España, para esclavizar a los llamados trabajadores de cuello blanco. Además de la precariedad y bajos salarios existentes, en ese sector se está introduciendo en los ordenadores del personal administrativo un programa que sirve para controlar los tiempos muertos de sus usuarios, tiempos muertos que deben recuperarlos con horas extra no remuneradas.
*Pepe Fuertes es miembro del colectivo Astur-XXI