En 1946 los calzoncillos de los varones en España siempre eran blancos. Hasta tres décadas después no hubo esa prenda en colores. Faltaban todavía 50 años para que hubiera teléfonos móviles y DVDs. No podía haberlos: 1946 era 30 años antes de las cintas de vídeo VHS. Solo había radio, faltaban 10 años para que llegara la televisión, 26 años para que hubiera televisión en color y 44 años para que hubiera más de dos canales y se pudiera zapear en España. Todavía faltaban 7 años para que hubiera gas butano en las casas. Y solo hacía 8 años que era legal que una mujer casada trabajara en España. El año 1946 fue hace mucho tiempo y más en una oscura dictadura. De aquel mundo antiguo de 1946 es la ley por la que los obispos pueden inmatricular edificios y espacios públicos. Aznar remontó las entrañas de la dictadura hasta 1946 para encontrar una ley que diera a los obispos licencia para apropiarse de lo que no era suyo. Y encontró que aquella ley de 1946 era demasiado moderna. En 1998 Aznar amplió los privilegios que la ley de 1946 daba a los obispos para actuar como notarios y registradores. La Iglesia se apropió de unas 30.000 propiedades en estos últimos años. Bastaría la Mezquita de Córdoba para llamar saqueo a lo que Aznar propició. Aznar hizo legal el expolio y los obispos se lanzaron a la rapiña sin pudor, con voracidad y sin reparar en el qué dirán. En los rincones patrios de los privilegiados, nuestra transición se hizo digna de El Gatopardo: se cambió todo para que todo siguiera igual.
La Iglesia es una de esas humedades del antiguo régimen que sigue empapando nuestra vida pública y acechando para que ni siquiera se mantengan los cambios hechos para que todo siguiera igual. Hay un síntoma de lo oscuros y profundos que son los intereses que sostiene: cada vez hay menos católicos, los católicos cada vez están más al margen de lo que digan los obispos, cada vez hay menos seminaristas y cada vez se participa menos en actos litúrgicos que no sean parte de festividades de religiosidad ya muy desvaída (como Navidad). Sencillamente a la gente cada vez le interesa menos lo que diga la Iglesia. Y sin embargo el poder político cada vez le da más poder en la legislación, en Justicia, en los medios, en Hacienda o en Educación. Y nuestro Sanz Montes llama con frescura «vuelta a la dictadura totalitaria» a cualquier mínima alusión a privilegios tan anacrónicos.
No son solo las inmatriculaciones. La prebenda que se le está dando a la Iglesia en la educación amenaza con desregular completamente nuestro sistema educativo por la manera tan rapaz y sin escrúpulos con que se está alimentando canonjía tan dañina. El propio Sanz Montes dijo que era muy democrático el proceso de privatización de la enseñanza a cargo del Estado. Se basa en la falacia de que es la libertad de los padres lo que propicia el traslado de aulas públicas a los dominios de la Iglesia con el dinero del Estado. En una economía de mercado los precios resultan de actos libres de vendedores y compradores. Cada vendedor pone el precio que quiere y cada consumidor compra lo que le conviene. El hecho cierto de que tras los precios solo haya actos libres no quiere decir que la especulación y los precios desorbitados de viviendas sean hechos muy democráticos decididos libremente por la gente, como diría el campechano Sanz Montes. Lo que cada uno decide libremente al ofrecer o aceptar una habitación de Airbnb no es que desaparezca el mercado de alquiler, que cierren las pescaderías de un barrio ni que aumente el desorden en las comunidades de vecinos. Su decisión libre es más modesta y ajena a todo eso. Son las autoridades las que tienen que diagnosticar el efecto global de tantas decisiones individuales libres y regular la situación. Quienes deciden libremente llevar a sus hijos a un colegio de la Iglesia tendrán sus razones. Pero su decisión libre no es que el sistema segregue socialmente a la población hasta propiciar guetos, ni que bajen los recursos para las necesidades educativas especiales, ni que la educación sea un campo de adoctrinamiento masivo del obispado a cargo del Estado. Hoy es más difícil que quien nace en clase baja mejore la situación de sus padres de lo que era en el franquismo tardío de los sesenta. Quien lleva su hijo a los jesuitas no lo hace para que ocurra eso, no es esa su decisión libre (aparte de que no tendría derecho a tal decisión). Es la autoridad quien tiene que detectar el efecto global y regular la situación. La Iglesia y los partidos conservadores quieren ese efecto global y pretenden que son los padres quienes lo deciden. La regulación del sistema educativo no implica necesariamente la inexistencia de la enseñanza concertada. Pero lo que tenemos ahora es lo que siempre quieren las bandas y los poderosos: intemperie sin reglas y privilegios para quienes están en ventaja.
Los registradores de la propiedad consiguieron hacer una lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia. No estamos en Río Rojo, donde John Wayne podía marcar a todo el ganado que pillaba en su marcha hacia Misuri. El primer paso para deshacer el escándalo es la elaboración de una lista fiable y su correspondiente divulgación. Los registradores hicieron su trabajo, pero Pedro Sánchez no hizo pública la lista. Los rincones lampedusianos de nuestra vida pública siempre inspiran prudencia. Al PSOE y a la socialdemocracia europea les cuesta asumir un importante papel que solo pueden asumir ellos: fijar los límites del sistema, precisamente cuando el sistema está siendo atacado. Las vanguardias e izquierdas alternativas amplían el horizonte de los debates, pero no son percibidas como ortodoxas. La población no atribuye el mismo realismo a una renta básica universal si la propone Podemos que si la propone el PSOE. El PSOE normaliza con más facilidad las cosas por su instalación inequívoca en el sistema. Ese es su defecto y su virtud. Nadie podía hacer que el matrimonio homosexual fuera un hecho normal mejor que el PSOE. Es la socialdemocracia quien tiene que decir en Europa, al hilo de bochornos como el Open Arms, que Salivini quiebra más la UE que Tsipras y que no se entiende por qué la extrema dureza aplicada a Tsipras se hace tartamudeo y debilidad ante quien conspira para destruir la UE. Elsa Fornero lloró al anunciar los recortes para Italia impuestos por la UE. Y desde la misma Italia es Salvini quien se ríe de la UE. La socialdemocracia, y no esta columna, es quien tiene que juntar en la misma frase a Salvini y Tsipras ante la UE. La derecha una y trina, repartiéndose los papeles, amenazan oscuramente al reclamar listas de gente cuyo trabajo en la educación tenga que ver con la igualdad. El PSOE, mejor que Podemos, es el que tiene que decir que serán revisados los centros concertados del Opus Dei y otras sectas, porque ahí es donde el dinero público paga ideología y fanatismo. Y si de listas se trata, quizá fuera útil una de jueces y magistrados del Opus.
A Sánchez parece que le quema la lista de apropiaciones de la Iglesia. Lo primero que dijo Celáa al asumir el Ministerio de Educación fue que el Gobierno «comprende» el valor de la enseñanza concertada. Esa parte del guion era inevitable. Pero podría decir algo de la desregulación y desequilibrios crecientes y mostrar que el Gobierno también «comprende» que debe haber intervención pública, mal que le pese a la Iglesia. Una y otra cosa reproducen un esquema que está transformando el sistema: la derecha se atreve con todo, desde los vientos neoliberales que quieren intemperie y desagregación donde antes había estado de bienestar e integración, hasta los vientos conservadores que socavan derechos y libertades civiles por radicalismos religiosos; la socialdemocracia, la parte de la izquierda incrustada en el sistema, evitando siempre el enfrentamiento con poderosos, solo retrocede. El PSOE y la socialdemocracia sacaron de sus prácticas lo que podríamos llamar lucha. Hasta hacen de falange para parar a la izquierda alternativa. Y la izquierda sin lucha es apenas un neoliberalismo compasivo y educado. Es decir, muy poca cosa.