Si la justicia española resolviera que los políticos presos catalanes fueran condenados a un buen número de años de cárcel por haber cometido un delito de rebelión, estaríamos, sin duda alguna, ante uno de los hechos más serios y relevantes de la historia de nuestra democracia. Sería la constatación de que Junqueras y los demás políticos independentistas habrían protagonizado uno de los delitos más graves que se pueden cometer contra un Estado y, por supuesto, contra todas las personas que viven bajo el paraguas de dicho Estado, en este caso el nuestro.
Si creemos en nuestras instituciones, y el Tribunal Supremo es un pilar entre todas ellas, resulta increíble que se abra de nuevo el debate del indulto a los políticos presos de Cataluña en caso de una sentencia condenatoria. Defender tal cosa, y sobre todo cuando estamos en la fase de decisión de la sentencia, viene de un a priori perverso, que no es otro que considerar que una sentencia dura contra los soberanistas es perjudicial para la resolución del conflicto catalán. Y, por tanto, dado que es nefasta, habría que convertir en papel mojado una de las acciones más reprobables que han sucedido en España. Pensar antes de la sentencia que habría que conceder el indulto a los presuntamente futuros condenados es pasarse por el arco del triunfo a un tribunal que constituye una de las mayores garantías de que nuestro estado democrático funciona. Y es una forma de legitimar a quienes desde hace tiempo están haciendo ver que el juez Marchena y sus compañeros de tribunal actúan más como justicieros que como jueces. Y que están más al servicio de un supuesto nacionalismo español que a su sagrado deber de impartir justicia.
Por todo ello resulta incalificable la aparición de nuevo de José Luis Rodríguez Zapatero, que en una intervención en un medio independentista se mostró partidario de estudiar el asunto de los indultos en caso de condena. El expresidente del Gobierno está que se sale desde que abandonó la Moncloa y muestra una clara tendencia, apuntada en Venezuela, a posicionarse siempre del lado oscuro. ¿Se imaginan ustedes que José María Aznar hubiese empezado una campaña durante el juicio del Procés para que, en caso de que los políticos fueran absueltos, se consensuara un invento jurídico para que, igualmente, los independentistas fueran a la cárcel? Sería tan disparatado como inadmisible. Una forma de saltarse las herramientas que nos hemos dado para que España funcione.
Las acciones tienen consecuencias. Y nuestro sistema democrático y judicial, con todas sus limitaciones, es razonablemente bueno. Hablar antes de la sentencia de posibles indultos es pervertir todo nuestro sistema de libertades. Y que lo haga un expresidente de uno de los gobiernos más importantes del mundo produce cierta vergüenza y preocupación.