La decisión de la Junta Electoral de obligar a Atresmedia a cambiar el formato del debate del próximo martes tiene lógica legal, pero con aspectos discutibles. Es discutible que se pueda obligar a un medio privado a cambiar un programa de utilidad para la decisión del voto en el ámbito estatal. Un medio privado es dueño de su línea editorial. Si una emisora debe aplicar el principio de proporcionalidad, hay que ser coherente y no exigírselo solo en un debate, sino en todos sus programas informativos. Y si ese principio se vulneró ahora, la Junta debiera haber actuado de oficio al tener conocimiento del programa y no por la queja de cuatro grupos que solo representan a cuatro autonomías. Desde un punto de vista puramente técnico, si el debate debe ser a cuatro, debería efectuarse desde un principio en TVE, que es la emisora que lo propuso. Y hacerlo con los candidatos de siete u ocho partidos, que es la opción que implícitamente se ofrece a Atresmedia sería televisivamente desaconsejable y socialmente poco útil para los votantes. De todas formas, la Junta es la autoridad y no hay tiempo físico para canalizar y decidir los recursos.
Todo esto ocurre porque no existe una regulación explícita de los debates electorales. A pesar de que todos los expertos los consideran fundamentales para emitir un voto informado, después de 40 años no se ha conseguido regularlos por ley. Y ese vacío conduce a lo que ocurrió en esta campaña: que el jefe del gobierno decidió lo que se hacía según su conveniencia estratégica; que el mismo jefe del gobierno pasó olímpicamente de la costumbre de confrontar sus ideas con el principal líder de la oposición y olvidó los principios que ahora recuerda la Junta Electoral. También a él le falló la asesoría jurídica, a pesar de tener a su disposición a la Abogacía General del Estado y al cuerpo jurídico del PSOE. Nuestros políticos siguen cometiendo pecados de aprendices como si estuviésemos al principio de la transición.
Y un apunte más: si hay algún perdedor en esta peripecia, no es Atresmedia. El perjudicado políticamente es el propio Sánchez, al que la Junta desbarata una parte de su estrategia. El presidente concibió este debate a cinco como una forma de diluir a Pablo Casado en una multitud de aspirantes para no permitirle destacar como sólido candidato a sucederle y como una forma de mostrar a las tres derechas en toda su desnudez: si se enfrentan entre sí, dejan de ser garantía de gobierno unido; si no se enfrentan, Sánchez puede seguir hablando de tres siglas y un solo bloque. Y además, con extrema derecha dentro. Todo muy ingenioso, pero desmontable. Y se desmontó.