Cuando en el año 2004 el recién llegado gobierno de Zapatero subió el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 460,50 euros a 490,80 euros mensuales, o lo que es lo mismo mejorándolo en un 6,50%, haciendo gala de cierto trilerismo político, se invento el llamado Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se mantenía con la cuantía anterior de 460,50 euros. Desde entonces hasta día de hoy la distancia entre el SMI y el IPREM ha ido aumentando, siendo este último del 73,08% del SMI, es decir, 537,84 euros en relación a 735,90 euros mensuales. Si al final el Gobierno de Sánchez dicta el decreto correspondiente para subir el SMI a 900,00 euros mensuales, para 2019, cumpliendo el pacto con Unidos Podemos (UP), para lo cual conviene recordar no hace falta acuerdo presupuestario, dicha diferencia aumentaría, pasando el IPREM a ser el 59,76% del SMI.
La subida del SMI es muy oportuna y necesaria, tanto para recuperar el poder adquisitivo de muchas personas que han perdido a lo largo de los 10 años de crisis, como para reactivar la demanda y la capacidad de circulación económica, que puede tener efectos muy positivos incluso en la creación de empleo. Pero si el SMI, y también el salario medio vía convenios, no vienen acompañados o de una subida equivalente del IPREM, o lo que sería más lógico de su desaparición mediante la vuelta a utilizar el SMI como indicador o referencia del nivel de renta, que sirva para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a ellas, así como a otros beneficios o servicios públicos, la realidad puede ser incluso perjudicial, en muchos casos, para las personas con menos poder adquisitivo. Vamos a explicarnos, si un persona para acceder a una beca, una subvención, la gratuidad de determinado servicio etc…, bien para ella personalmente o en computo de su unidad familiar, cuando ganaba 735,90 euros mensuales ya podía tener dificultades pues el límite de ingresos para ello se ponía en los indicados 537,84 euros del IPREM, ahora con 900,00 euros mensuales, podría tener más dificultades aún. Y se podría producir, y de hecho se producirá en muchos casos, la paradoja, que una subida que objetivamente favorece a las personas trabajadoras con menos ingresos, a la par le puede ocasionar una pérdida de ingresos indirectos o de acceso a beneficios sociales, con lo cual puede encontrarse al final en una situación idéntica o a veces peor a los de la subida inicial.
No se alcanza a saber cómo esa paradójica, pero evidente realidad, no se ha puesto aún encima de la mesa del debate político y sindical. Parecería razonable que un gobierno teóricamente de izquierdas, con un acuerdo presupuestario con otras fuerzas de la izquierda real, asuma ya, o cuando menos en un plazo no superior a dos años, la supresión del IPREM, introducido en el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, volviendo a usar el SMI como único modulo de cálculo para cualquier tipo de prestaciones. Una medida de ese tipo si podría entenderse, desde una visión integral, como una verdadera mejora de las condiciones de vida de las personas más necesitadas, que con el pacto actual queda ciertamente coja.
Pero una medida de ese tipo, de tan evidente justicia material, sólo vendrá si las personas a las que pueda beneficiar asumen, por un lado, la conciencia de dicha discriminación injusta, y por otro lado, comienzan a reivindicar, en las formas que sea, dicho cambio. De lo contrario, mientras quien en la arena del debate público lleven la voz cantante sean las personas que se dedican criminalizar a quien recibe prestaciones sociales, a exigir incluso la desaparición del SMI y a intentar borrar de la faz de la tierra cualquier derecho social adquirido en los últimos doscientos años, un gobierno tan veleta como el de Pedro Sánchez es probable ceda a las presiones de la derecha política y el gran capital. Las movilizaciones de los/as pensionistas demuestran que no suele ser problema de dinero, sino de voluntad política, el resolver ciertas situaciones injustas, y por lo tanto o la izquierda y el movimiento sindical recupera su presencia en la calle, cuando menos a niveles del 15-M, pasando de una fase de mera resistencia a una fase de ofensiva, o las ilusiones de lo que pueda hacer un gobierno como el actual pueden quedarse en eso, en vanas y efímeras ilusiones.