Este sábado, diversos colectivos sociales, sindicatos y organizaciones políticas nos concentrábamos en más de un centenar de ciudades para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo que establece que los hipotecados paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Lo hacíamos tras producirse el hecho sin precedentes de que el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo, Luis Díez Picazo, dejara en suspenso la jurisprudencia determinada el 18 de octubre, que obligaba a los bancos a asumir el coste de tales trámites, y de que finalmente el pleno de la Sala decidiera el pasado martes atribuir, con 15 votos a favor y 13 en contra, el pago del tributo al cliente.
Ante el bochorno que supone esta sentencia, el descrédito público de la justicia española y la presión ejercida por la ciudadanía, el Gobierno se vio apremiado a intervenir y aprobar un Real Decreto- ley que obliga a la banca a asumir el pago del impuesto. Casualmente, este entraba en vigor el mismo sábado en que tuvieron lugar las concentraciones y protestas.
En este caótico marco, conviene recordar que fue el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos el único que apostó por cargar a las entidades financieras el «impuesto de las hipotecas», durante la tramitación del proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario. Por su parte, el PSOE no mencionó dicho impuesto en ninguna de sus enmiendas. Y cuando Unidos Podemos presentó en el Congreso de los Diputados su propuesta, para la cual fueron fundamentales las aportaciones de la PAH, el Partido Socialista se abstuvo y el PP y Ciudadanos votaron en contra. También es preciso subrayar que hace ya 8 años que el Ayuntamiento de Rivas, gobernado hoy día por IU, Equo y Podemos, trazó el camino al emprender un proceso judicial con el objetivo de que sean los bancos los que abonen el impuesto de las hipotecas. Actualmente, son tres las sentencias del Tribunal Supremo las que dan la razón al ayuntamiento.
La decisión del gobierno del PSOE de legislar para que sean los bancos los que paguen la formalización de las hipotecas, aún reconociendo su necesidad, llega tarde y es insuficiente. Llega tarde porque a las familias trabajadoras nadie les devolverá los 16.500 millones de euros gastados desde 2004 por hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Como tampoco las nuevas buenas intenciones pueden borrar ya las 600.000 ejecuciones hipotecarias producidas en España desde la crisis. Y es una medida muy limitada puesto que carece de la voluntad y fuerza necesarias para hacer frente a los abusos del capital financiero. Porque para ello, y así lo consideramos desde Izquierda Unida, es necesaria la creación de una banca pública que vele efectivamente por el interés de la mayoría social trabajadora de nuestro país.
Cuando se favorece a los más poderosos y no a nuestro pueblo, cuando los negocios de las oligarquías están por encima de la vida de la gente decente, la democracia se desvanece, porque la democracia exige soberanía. «Hay oligarquía cuando los que tienen la riqueza son dueños y soberanos del régimen; y, por el contrario, democracia, cuando son soberanos los que no poseen gran cantidad de bienes», señalaba justamente Aristóteles en su Política.
Y así, mientras que la banca fue rescatada con más de 60 mil millones de euros de nuestros impuestos, 13 millones de ciudadanos está en riesgo de pobreza. Mientras que la banca no deja de incrementar sus beneficios y los salarios astronómicos de sus ejecutivos ascienden aún más, la vida de millones de ciudadanos españoles se hunde en la precariedad. No deja de resultar grotesco e indignante, en ese sentido, que desde el Banco de España se critique la propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, cuando el sueldo medio de sus empleados ronda los 6000 euros mensuales. En vez de proteger a las personas y colectivos más vulnerables de nuestro país, parece que tan importante institución está más preocupada por preservar el poder de una minoría silenciosa de privilegiados.
En democracia nadie es más que nadie. Por eso la banca no puede estar por encima de la Ley. Y si eso ocurre, entonces será la ley la que deba ser modificada para asegurar la igualdad de toda la ciudadanía; una igualdad que debe ser demostrada en la práctica. Es imprescindible acometer una reforma que ponga punto final a la endogamia del poder judicial. Es esencial una Justicia que no esté postrada ante el poder de los más favorecidos. Y sólo desde la movilización social es posible defender y ampliar los derechos de la mayoría, de las familias trabajadoras. No se trata de una disputa menor. Nos jugamos la democracia misma.