El próximo mes de diciembre se celebrará el 40 aniversario de la Constitución española. Efeméride importante que probablemente será utilizada de forma partidista para buscar réditos electorales usando, por ejemplo, el conflicto catalán como telón de fondo y arma arrojadiza. Conflicto que, gracias a la simplificación, se ha polarizado en dos supuestos bloques: el «constitucionalista» y el «independentista». En este contexto, las voces que reclaman una tercera vía, la del encaje constitucional del derecho a decidir, apenas han tenido eco.
Quizás por eso conviene volver la vista a las imperfecciones de nuestro texto constitucional con el principal objetivo de hacer de él una herramienta actualizada y adaptada a la realidad de hoy que no es la de hace 40 años. Mientras la Constitución española apenas ha sido modificada, nuestra sociedad ha evolucionado y poco se parece a la de 1978.
Uno de los principales déficits de la Constitución del 78 es, entre otros, el limitadísimo elenco de recursos para que la ciudadanía pueda participar de manera directa en los asuntos de importancia que les afectan. Esto es, el reconocimiento del derecho a decidir, participar y tener voz sin mediaciones, que se plasmaría en la reforma de los artículos que hacen referencia a las herramientas de participación directa en la vida política.
Más allá, de «votar cada cuatro años», de las imperfectas articulaciones de las Iniciativas Legislativas Populares o de los referéndums que en nuestro país no son vinculantes, no pueden celebrarse por iniciativa popular y no pueden versar sobre todos los aspectos de interés para la ciudadanía, necesitamos avanzar para que nuestra Constitución se adapte a nuestro tiempo.
Esta propuesta de cambio ya está en el Congreso de los Diputados desde el año 2016 sin que hasta la fecha se haya tomado en consideración. La iniciativa, que tiene marca asturiana, arrancó en el 2012 de la mano del 15M de Asturies y la Junta General del Principado aprobó trasladarla al Congreso en el año 2013. Esto representa un hecho inédito en la historia de nuestra democracia pues fue la primera vez que se inició un proceso de reforma constitucional por iniciativa popular a del derecho de petición, reconocido en el artículo 20 de la misma.
Casi siete años después del inicio de este periplo, quienes seguimos confiando en el deseo frente al miedo, como arma de transformación llevamos al pleno de Xixón del 14 de noviembre una proposición para recuperar esta iniciativa y que no siga olvidada en un cajón. La iniciativa fue aprobada, aunque hubo quien la tachó de inoportuna, ya que hay quienes piensan que nunca es buen momento para avanzar en libertades y responsabilidades. Y hay quienes consideramos inoportuno seguir insistiendo en una democracia imperfecta que considera a la ciudadanía como peones en un conflicto entre élites.
Orlando F. Casanueva es concejal de Xixón Sí Puede en el ayuntamiento de Gijón