Durante décadas, uno de los principales problemas que enfrentar en la defensa de los Derechos Humanos era la distancia sideral entre la retórica pública de los dirigentes mundiales (y de algunos líderes religiosos, sociales o empresariales) sobre los principios que decían defender, alineados con los valores enunciados en declaraciones y tratados internacionales, y una práctica no precisamente coherente con ese objetivo, y, en no pocas ocasiones, totalmente divergente de dicha meta. El dilema de fondo residía en cómo situar, de forma prioritaria, en la agenda de gobiernos y otros actores, el respeto y apoyo a los Derechos Humanos, sorteando la indiferencia, la hipocresía o el cinismo, combatiendo las visiones interesadas, sostenidas en las pretendidas singularidades ideológicas (cuando el telón de acero todavía mandaba) o culturales, o atrincheradas en la negación de la interdependencia de los derechos (por ejemplo, justificando cierto sacrificio de los derechos civiles y políticos en aras del desarrollo económico, o santificando la pobreza como resultado inevitable de la libertad humana). En ese escenario, no obstante, el avance paulatino hacia una comprensión global de la universalidad de los Derechos Humanos, combinado con las conquistas en países de muy distintas características y con el desarrollo de estructuras y sistemas regionales de defensa de tales Derechos, era prometedor.
En el debate político y su trasunto ideológico o filosófico, las cosas cambiaron, sin embargo, cuando la irrupción del terrorismo global y las respuestas dadas a éste, pusieron encima de la mesa una disyuntiva, planteada en términos falsos y envenenados. Primero, invitando a la ciudadanía a la renuncia a ciertos espacios de libertad a cambio de una prometida seguridad, dejación que no ha venido acompañada precisamente de la sensación de tranquilidad augurada. Después, relativizando el valor de la paz y de la resolución no violenta de controversias, incluyendo la acción armada entre el catálogo de actuaciones disponibles a primera mano, incluso a despecho de la legalidad internacional, llenándola de calificativos como poco cuestionables («guerra inteligente», «intervención quirúrgica», incluso «injerencia humanitaria») o acompañándola de complementos referidos a un enemigo cada vez más amplio y espectral: desde la guerra contra el terror a la guerra contra el narcotráfico o la delincuencia, como si en esta clase de situaciones las tácticas y soluciones tuviesen que ser, en esencia, las mismas (el uso letal de la fuerza) y, el objetivo, similar (una supuesta victoria, inalcanzable contra un antagonista difuso que ni tiene un alto mando ni capitula), como si nos encontrásemos en la batalla de Verdún o en la ofensiva del Tet.
El paso siguiente ha sido dejar a colectivos, cada vez más amplios, fuera de la protección material de los Derechos Humanos, como si estos sólo se predicasen de quienes, según el criterio voluble que toque en cada momento, los mereciesen, y no de todas las personas (los buenos, los malos y los regulares) por su mera condición humana. El ejemplo paradigmático es el tratamiento de los presos de Guantánamo (aún quedaban 41 al inicio de este año) confinados en un limbo ajeno a garantías procesales básicas, pero a los que se les niegan las garantías del Derecho Internacional Humanitario, que es el aplicable a los prisioneros de guerra, aunque paradójicamente hayan sido capturados en el marco de la «guerra contra el terror».
Pero, en la dinámica de sustraer a los enemigos de cualquiera de las guerras «no convencionales» en juego de las protecciones que hasta hace poco se consideraban elementales, la misma lógica perversa se aplica progresivamente en otros ámbitos, con efectos disolventes sobre la noción y el alcance de los Derechos Humanos. En efecto, la negación radical de derechos a grupos humanos en su conjunto, se lleva al extremo aplicándola, con distintas intensidades, a escenarios muy distintos de confrontación social, religiosa, cultural o económica, en los que la guerra es contra el diferente, contra la inmigración o, en tiempos de aporofobia, contra los empobrecidos (que no contra la pobreza). Sólo así se explica la negación colectiva de derechos a poblaciones enteras, a las que se priva de nacionalidad (caso de 4 millones de personas de origen bangladesí, en el Estado de Assam, India) o se les relega de manera endémica en la apatridia (caso del pueblo rohingya en Myanmar); o la negación abierta y masiva del derecho de asilo de la que han hecho gala un grupo de países de la Unión Europea, sobre la base indisimulada de la islamofobia; o el tratamiento como meros delincuentes peligrosos (o incluso terroristas, como ha hecho el vicepresidente de EEUU Mike Pence con la caravana de centroamericanos en marcha hacia la frontera) a quienes migran irregularmente, cuando no toda ilicitud es necesariamente un delito.
El corolario de todo ello es el surgimiento de un discurso, novedoso en su intensidad y rabiosamente desvergonzado, que no tiene, por primera vez, pudor alguno en negar los Derechos Humanos, tanto en la teoría como en la práctica, y en vanagloriarse de ello de la forma más zafia que sea posible. Así, dos de las líneas rojas en la erradicación de las violaciones de Derechos Humanos, prohibidas taxativamente por el Derecho Internacional, como son la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, están en el punto de mira, con resultados dramáticos. El ejemplo de Donald Trump, al defender abiertamente las técnicas de interrogatorio extremo (que no son otra cosa que torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes) y promover a Directora de la CIA a Gina Haspel, quien fuera responsable de una prisión secreta en Tailandia en la que se llevaba a cabo el «ahogamiento simulado», entre otras prácticas, ha creado escuela. El presidente electo Jair Bolsonaro, subiendo la apuesta, no tiene reparos en, simplemente, defender la práctica de la tortura, sistemática durante la Dictadura militar brasileña de 1964 a 1985. Y la palma, por la mezcla explosiva de locura (el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó una revisión psiquiátrica del mandatario), arrogancia y brutalidad, aderezada con la sorprendente popularidad entre el electorado (que sólo se resiente por las tensiones en el precio del arroz, y no por el desprecio a los Derechos Humanos) se la lleva el presidente filipino, Rodrigo Duterte, orgulloso promotor de una oleada de ejecuciones extrajudiciales parapetadas en la guerra contra el narcotráfico, que se ha cobrado la vida de miles de personas (Human Rights Watch y Amnistía Internacional estiman que el número de víctimas es superior a los 10.000 desde el lanzamiento de esta campaña sangrienta hace poco más de dos años), y en cuya exaltación el presidente no tiene reparos en confesar su participación directa en estos crímenes durante su etapa precedente como alcalde de Davao.
Si no detenemos esa espiral, de las bravatas y las acciones abiertamente criminales de la nueva dirigencia -tristemente, con importante apoyo popular-, se pasará seguidamente al desmontaje rápido del sistema de protección internacional de los Derechos Humanos, que se verá como molesto y perfectamente prescindible, si sólo unos pocos lo defienden. Y, cuando sea tarde para frenarlo, el destrozo será enorme e irreparable.