Viniendo de donde venimos son de celebrar algunas de las medidas sociales adoptadas por el Gobierno gracias a los acuerdos logrados con Unidos Podemos y que tan mal han sentado a la oposición, cuyo único objetivo es desalojar a quienes democráticamente han llegado a La Moncloa a través de una tan ineludible como necesaria moción de censura. Un nuevo líder de la vieja derecha, sin carisma, personalidad ni formación política y académica contrastada, ha ido a Bruselas, casi al tiempo que los presupuestos generales, para tratar de favorecer lo que sus exclusivos intereses partidistas persiguen y esperamos que no logren, por más que le sople a la oreja a su camarada Juncker que España «sin los nuestros» es un desastre.
Pero si medidas como el incremento notable del nuevo salario mínimo, la subida de las pensiones (con un aumento del tres por ciento en las no contributivas), la ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad y una mayor ayuda a la dependencia han de ser y son bien acogidas por la mayoría de la población, me sorprende y me defrauda en igual medida algo que se haya olvidado lo que ayer recordé en la farmacia de la que soy cliente: que sigue habiendo pensionistas que tienen problemas para adquirir los medicamentos sin los cuales su salud puede empeorar o llevarlos a una situación de gravedad extrema con riesgo de fallecimiento. Que en España han muerto personas mayores por esto es algo totalmente cierto, según versión totalmente fiable de un profesional de la medicina en un hospital público. Desde que nació la crisis/estafa que afectó a los más desfavorecidos e hizo triplicar en nuestro país el número de potentados, el número de personas en riesgo de pobreza pasó de once millones a casi doce y medio. Nuestro país es el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor número de pobres en edad de trabajar y con mayor inseguridad laboral. Más de dos millones de personas no pueden retirar las medicinas prescritas por problemas económicos y son Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana las autonomías que lideran esta pobreza farmacéutica, según el último Barómetro Sanitario, con datos de población del INE a 1 de enero de 2018.
A la vista de estos datos, estarán conmigo quienes hayan celebrado las nuevas y positivas medidas sociales en que sorprende y defrauda, en igual medida, que el actual Gobierno no haya incluido entre estas la eliminación del repago farmacéutico a los pensionistas, al que ayer, en la botica de mi pueblo, un jubilado no pudo hacer frente, posiblemente porque tenga que esperar al cobro de su corta pensión para lograrlo, a costa posiblemente de otras privaciones.