«¡Cojan a sus pobres respectivos para compartir con ellos su cena de Navidad!». Un locutor jovial anima con entusiasmo a los ricos del pueblo a participar en una estrambótica subasta para pujar por invitar a su mesa de Nochebuena a un desgraciado en harapos. Es una de las escenas más ácidas de Plácido, la película en la que José Luis García Berlanga plasmó como nadie el fariseísmo que prendía en la parte más potentada de la sociedad española de los años 50. Esquivando sorprendentemente a la censura, Berlanga reflejaba cómicamente en el filme la forma en que las familias beatas y con posibilidades lavaban su conciencia, atendiendo a la consigna que por entonces lanzaba el régimen para que quien pudiese pusiese un pobre en su mesa.
La entrevista que el pasado 25 de septiembre publicaba el diario El País con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tiene ese aroma. En ella el directivo afirmaba con aparente compromiso medioambiental que la lucha contra las emisiones contaminantes es una «obligación moral», si bien en la misma frase admite que esa tarea también le supone a su empresa «una oportunidad de negocio»; vaticinaba que el carbón «no tiene viabilidad», que «su final será en 2020, 2022 o 2025» y apostillaba, compungido, que las emisiones no suponen sólo «un problema de CO2 y de ositos polares, si no que son un problema de enfisemas en los niños y muertes prematuras de decenas de miles de personas cada año» (sic).
Decía la poeta Emily Dickinson que la verdad es tan infrecuente que resulta agradable contarla. Pues ahí va: España ocupa el puesto diecisiete de la Unión Europea en generación eléctrica con carbón. Sólo el 8% de las emisiones de CO2 que se producen en nuestro país son provocadas por generación térmica, la que emana de la combustión del gas o del carbón. En consecuencia, no parece muy probable que estemos provocando esas decenas de miles de muertes prematuras cada año. Quizá el problema es que no nos hemos esforzado con la suficiente intensidad a la hora de explicar que no estamos ni mucho menos entre los territorios que más contaminan por efecto de la quema de carbón. O quizá es que no estamos dispuestos a defendernos con la doble moral que exhibe, por ejemplo, Alemania, que ha conseguido imponer la percepción de que es un país de referencia en la lucha contra el cambio climático a pesar de que su industria depende cada vez más de la producción de carbón. Además, ese supuesto liderazgo se fundamenta, casi siempre, en una gran mentira: que la electricidad es allí barata por las políticas que el Gobierno de Angela Merkel orienta hacia las energías renovables, cuando lo cierto es que los precios medios en un hogar alemán se sitúan un 50% por encima de la media europea, según datos de Eurostat.
Despejados el alarmismo y las imprecisiones, vayamos al análisis: Asturias resultaría especialmente dañada si la necesaria transición energética no se aborda convenientemente secuenciada en el medio y largo plazo. El impacto de una descarbonización exprés no es sólo brutal porque seamos la comunidad autónoma más electrointensiva del país (producimos con carbón el 74,9% de la energía) si no porque si se reduce el peso que el carbón mantiene en el mix energético nacional se desestabilizará el sistema eléctrico español, con el consiguiente efecto negativo en los precios de la electricidad. Y eso no afectará sólo a unas comarcas determinadas, sino que acarreará consecuencias a la sociedad española en su conjunto, tanto a las familias, que tendrían que afrontar una factura de la luz mucho más elevada que la actual, como a las empresas, que verían afectada su competitividad porque sus costes de producción se incrementarían. A partir de ahí, viene encadenada la amenaza de deslocalización.
El gran interrogante es: ¿debemos negarnos a avanzar en el desarrollo de energías limpias? Por supuesto que no. Los socialistas ya lo teníamos claro en la época en que el Gobierno estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos pasado de ser líderes en Europa en apoyo de renovables, aplicando la directiva sobre cambio climático, a ser un país incumplidor durante los gobiernos del Partido Popular. Eso nos ha llevado a tener, incluso, numerosas denuncias y sentencias por cambiar las reglas de juego en pleno partido. Quizá recuerden que fue el PP el que en 2013 aprobó una reforma energética que cortó el grifo a las primas a las renovables en más de un 40%. Venimos de un Gobierno irresponsable, el de Mariano Rajoy, que vulneró flagrantemente los acuerdos firmados con el sector y que ignoró todas y cada una de las resoluciones aprobadas en el Congreso de los Diputados. Hemos llegado hasta aquí sin los deberes hechos.
Ahora bien, eso no quiere decir que por estar siete años de brazos cruzados tengamos que acometer ahora de manera exprés el proceso de descarbonización, porque imprimir esa celeridad tiene las consecuencias descritas. Ahora los socialistas tenemos una responsabilidad y la asumimos: favorecer un proceso de transición energética justa, con compromisos presupuestarios, pero no sólo: es necesario establecer mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos de las comarcas mineras, implantando medidas que garanticen una evolución energética que sea armónica con el desarrollo tecnológico y equilibrada con los objetivos de sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social. Por eso nos oponemos al cierre precipitado a las centrales térmicas de carbón. Esa clausura sería ambientalmente ineficaz, socialmente injusta y económicamente ineficiente.
La historia de Asturias está ligada al carbón. El carbón ha significado riqueza y equilibro para nuestra comunidad. No podemos caer en la nostalgia pero tampoco podemos olvidar ese pasado. Por eso los asturianos y las asturianas no nos merecemos ni demagogia ni condescendencia. Nos merecemos oportunidades, planificación y cooperación para poder optar a un futuro próspero.