Siete décadas, mil menores, doscientos religiosos. Siete décadas, mil menores, doscientos religiosos. Las cifras de los abusos a niños por curas de Pensilvania suenan como un mantra demoníaco. Cada detalle del escándalo sofistica la barbaridad que el Vaticano conocía desde 1963. Una maquinaria perfecta encomendada a la violación perpetrada por personas que se sabían impunes gracias a la connivencia de una institución que una vez más fue informada sobre curas pederastas y que calló, abandonó a las víctimas y se convirtió en cómplice de las tinieblas. Hay quien en esta hora supone que el redoble de indignación proviene de quienes rebuscamos con lupa en las miserias de la Iglesia. De quienes señalamos sus abusos y olvidamos sus logros en una cruzada laica anticatólica tan integrista como todas las cruzadas. De quienes celebramos cada canallada como un aval para nuestro ateísmo. Pero es que los detalles de la «catásfrofe moral» de Pensilvania, como antes la de Boston, Irlanda y tantos otros lugares indican que en demasiadas ocasiones la Iglesia ha actuado como una organización criminal que utilizó el poder y la connivencia para cometer delitos sexuales con una vocación industrial. No se trata solo de canallas que actuaron de manera individual. Teólogos como Juan José Tamayo consideran la pederastia en la Iglesia «una metástasis que alcanza a todo el cuerpo eclesiástico». Décadas de perversiones y humillaciones a inocentes cometidas por demasiados religiosos y que los jerarcas conocían y ocultaban. Corresponde a los militantes de esa Iglesia juzgar la dimensión moral de la catástrofe y la gravedad de los pecados cometidos, incluido el de encubrimiento. Pero como sociedad exigimos que los delicuentes paguen por sus delitos y que estos no se tramiten con una absolución de confesionario y un traslado de comunidad. Esta vez no.