De todo el debate en torno a la moción de censura que hemos vivido esta semana, me quedo por ahora con una frase que suena un tanto cansina. La pronunció el «candidato alternativo», Pedro Sánchez, aunque ya la he oído a muchos secesionistas catalanes: «El problema en Cataluña, es que ustedes [refiriéndose a los diputados del Partido Popular] presentaron un recurso de inconstitucionalidad, y el resultado es que ahora los catalanes tienen un Estatuto que no han votado y que no les satisface».
El argumento no puede ser más contrario al Estado de Derecho y al respeto a la Constitución que el PSOE dice respetar… cuando le interesa. Ese Estado de Derecho del que nace la sentencia judicial de la Gürtel, que es la que, después de todo, ha motivado la moción de censura. Para que nos entendamos todos, lo que ha dicho Sánchez en realidad es lo siguiente: «No tenían que haber recurrido ustedes un Estatuto de Autonomía inconstitucional, porque luego pasa lo que pasa, que el Tribunal Constitucional se ve obligado a anularlo, y se arma la marimorena».
O sea, que para Pedro Sánchez, lo que había que hacer es permitir que en España existiese un Estatuto inconstitucional o, lo que es lo mismo, cargarnos la supremacía de la Constitución. Justo lo que quieren los supremacistas catalanes. ¡Qué desagradable coincidencia! Al final va a ser que el PSOE de Pedro Sánchez tampoco quiere la Constitución española. No me extraña que no le importe pactar con Bildu o con ERC. Porque el argumento expuesto en el debate valdría para todo lo siguiente: «La culpa del procesamiento de Griñán y Chaves no es de ellos, por su actuación, sino del fiscal, por abrir el proceso penal», «la culpa de Bárcenas, es también de la fiscalía, y no del extesorero y del Partido Popular»… y, cuando hay un delito de violencia de género, la culpa no es del reo… lo que tendría que hacer la fiscalía es no actuar. Porque en definitiva es lo que usted está diciendo, señor Sánchez, que ante una ilegalidad, lo mejor es no hacer nada: callarse y dejar que la ilegalidad siga su curso.
La inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña no es cosa del PP, que ha hecho muchísimas cosas mal, pero entre ellas no está el intentar que una norma respete la Constitución. Fue el Tribunal Constitucional quien declaró la nulidad del Estatuto, y a favor de esa nulidad votaron -se lo recuerdo al señor Pedro Sánchez- magistrados que habían sido propuestos por el propio PSOE. La culpa de ese Estatuto no fue del PP por recurrirlo, ni del Tribunal Constitucional por cumplir con su obligación jurídica (expulsar del ordenamiento jurídico una ley inconstitucional). No. Fue del señor Rodríguez Zapatero por prometer a CiU, a cambio de su apoyo parlamentario, un Estatuto que los constitucionalistas (excepto, claro está, los secesionistas, que también los hay) habíamos advertido por activa y por pasiva que era manifiestamente contrario a nuestra norma fundamental.
El problema catalán no trae causa en ese asunto. Viene de más atrás: de unas aspiraciones históricas innegables; de la cesión incontrolada de competencias, sobre todo en el ámbito educativo y en política lingüística; del control sobre TV3, convertida en aparato del régimen; de un sistema electoral que permite que en el Congreso de los Diputados al final quienes decidan sean minorías nacionalistas (antes CiU, ahora PNV)… Y, si con su habitual ceguera, Pedro Sánchez quiere reducir la situación catalana a la inconstitucionalidad de su Estatuto, que eche la culpa al verdadero responsable: Rodríguez Zapatero y el PSOE que regalaron una norma viciada desde su origen.