La acelerada transformación digital de nuestras economías, con su automatización y las gigantescas potencialidades de la inteligencia artificial, está produciendo dos efectos preocupantes. Por un lado, al estar detrás grupos financieros que controlan las grandes multinacionales de Internet, una galopante desigualdad social, que concentra más riqueza que nunca en el uno por ciento más rico. Por otro lado, un creciente desempleo a escala global, para el que el MIT maneja escenarios potenciales futuros con tasas de paro superiores al 50 %.
Ambos fenómenos son el resultado de la gestión privativa, por parte de una minoría, del cerebro social y del capital científico que colectivamente hemos ido acumulando en las últimas décadas. Mariana Mazzucato lo ha analizado a fondo en su ensayo El Estado emprendedor y Tim Berners-Lee lo concreta para el caso de Internet, en lo que fue pionero. Nada que ver con el mito del emprendedor del garaje, que triunfa en un mundo competitivo.
Así las cosas, no debiera sorprendernos que esos mismos grandes grupos financieros y empresariales globales (Wall Street & Silicon Valley) defiendan la necesidad de unos ingresos básicos universales para paliar los estragos causados.
Como señala Evgeny Morozov, columnista de The Guardian, lo hacen por tres motivos. Porque solo así tendrán consumidores solventes para sus servicios de pago, porque solo así podrán aprovechar la monetarización de servicios públicos personales que dejen de ser públicos y porque… salen de rositas de costearlos, dado su gorroneo fiscal a escala global.
No debe extrañarnos que, en consecuencia, en un reciente informe de la Fundación Telefónica, con el sugerente título del El futuro del trabajo y de la tecnología en el 2050, los numerosos expertos consultados consideren la renta básica la estrategia social más prioritaria, por encima de la enseñanza superior.
Así las cosas, frente a una estrategia neoliberal para la renta básica, tal como sugiere Morozov, habría que plantear una agenda radical para la misma. Que, en primer lugar, no sirva para consolidar que la precarización y el desempleo de unos conviva con la ultraocupación de otros. Que no sirva para garantizar unos consumidores mínimos, sino para favorecer la redistribución del trabajo necesario, incentivando la disminución de la jornada laboral. Ni la mitad de la sociedad hiperocupada, ni la otra excluida. Lo contrario de una renta básica para contratar más barato y tener consumidores.
Claro que, en segundo lugar, su financiación no puede depender de los recursos agónicos de un Estado deudor de esos mismos grandes gorrones. Grupos acreedores, los llamados mercados, ausentes como contribuyentes.
Su financiación debiera basarse en un impuesto europeo progresivo sobre el capital (una propuesta de Piketty) por encima del millón de euros y al dos por ciento. Lo que permitiría duplicar el actual presupuesto europeo. Acompañado de un tramo europeo del impuesto de sociedades y de la desaparición de los paraísos fiscales (también a la irlandesa).