España tiene desde ayer un nuevo problema político: ¡Pablo Iglesias e Irene Montero se han comprado un chalé en Galapagar, a 40 kilómetros de Madrid! Casa y finca costaron 600.000 euros, que es una cantidad muy respetable, pero les aseguro que está en precio: un piso de tres o cuatro habitaciones en cualquier barrio de reciente construcción cuesta esa cantidad. Ese mismo chalé situado en La Finca o La Florida costaría más de tres, quizá más de cuatro millones de euros. Para esa adquisición, Irene y Pablo han tenido que atarse a un banco con la cuerda de una hipoteca a 30 años que les sale a 800 euros per cápita, un total de 1.600 euros mensuales. Es mucho, pero es la mitad del porcentaje de sueldo que un trabajador medio dedica a vivienda en España. Está, por tanto, en la lógica del mercado y, desde luego, de la capacidad adquisitiva de los dos dirigentes de Podemos.
Hasta aquí, los datos técnicos de la compra. Por parte de este cronista, ni una objeción. ¿Por qué, pues, el dichoso chalé es tanta noticia y ocupó tantos minutos, diría que horas en tertulias? ¡Ay, amigos! Porque la palabra chalé sigue teniendo un significado de privilegio, sobre todo para quien ha presumido tanto de vivir en Vallecas. También, porque todavía existe una tradición que ve una contradicción entre ser de izquierdas y comprar una buena casa o tener un coche caro. El mejor reflejo de esa cultura ha sido Juan Carlos Monedero, que se apresuró a reducir a la cuarta parte el recibo de la hipoteca. Y, sobre todo, porque Irene y Pablo no son políticos de derechas.
Si Irene Montero y Pablo Iglesias fuesen políticos de derechas, nadie hubiera dicho una palabra. Ah, pero son de Podemos, y los dirigentes de ese partido solo pueden vivir en barrio obrero y viajar en transporte público, como el propio Iglesias pidió tantas veces a los gobernantes. Ganan lo mismo que dos diputados del PP con igual dedicación, pero hay un fondo cultural, curiosamente cultivado por ellos mismos, que reserva la vida de chalé -y no digamos si tiene pabellón de invitados- para los conservadores. Quizá lo interesante de la compra sea eso: pone a la pareja ante la memoria de sus propias palabras o sus críticas a De Guindos por haber comprado un ático de 600.000 euros, casualmente la misma cantidad.
Yo los defiendo: Irene y Pablo tienen todo el derecho a mejorar de casa, como cualquier ciudadano con posibles. Aplaudo su ejercicio de transparencia, aunque haya sido forzado. Y solo les anticipo un calvario: todavía no saben lo que es entrar y salir de Madrid por la carretera de A Coruña. Los miércoles de sesión de control tendrán que salir de casa a las siete de la mañana. Vallecas es más modesto, pero se llega mucho mejor.