Hasta ahora, la división de poderes en la democracia española era más o menos discutible, más o menos ficticia, pero se guardaban las formas. Las rompió verbalmente una vez Alfonso Guerra al decretar la muerte de Montesquieu. Lo rompió también Felipe González al preguntar si «no hay nadie que diga a los jueces lo que tienen que hacer». Superadas esas dos excepciones, a los gobernantes del PP y del PSOE parece que les dieron unas normas de estilo que empezaban con este mandamiento: «respetarás a los jueces por encima de todas las cosas y recibirás cada sentencia con un sincero ‘el gobierno acata, respeta y no comenta’ las decisiones judiciales».
Y así se hizo hasta que «pasou o que pasou»: hasta que la sentencia de La Manada provocó una riada de indignación y abrió paso a una oleada de expresión de fuerza transversal del feminismo. Ante esos fenómenos, el ministro de Justicia decidió que no lo arrastra la riada y se puso al frente de la manifestación. No podía regalar ese estado de ánimo y sus consecuentes votos a los demás partidos. Pero se pasó tres pueblos. Por alguna defectuosa información puso su mirada en el juez Ricardo González, el de los «explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo» e hizo algo que nunca debe hacer un gobernante: decir que un miembro de otro poder tiene «un problema singular».
¿Cuál es ese problema del magistrado Ricardo González, señor ministro? ¿Obtuvo el título en la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Hay un vídeo que lo muestra en una orgía en paños menores? ¿Pega a su mujer? ¿Roba en los supermercados? ¿Sufre alguna desviación sexual? Hago estas preguntas porque en el Consejo del Poder Judicial solo hay un antecedente de sanción por retraso en dictar sentencia, pero es de hace 17 años y, por tanto, está cancelada. No existe. A lo mejor en el ministerio tienen más información.
A partir de ahí, los desastres: injerencia y dirigismo de lo que debe hacer el Poder Judicial con los jueces que tienen «un problema singular», intromisión en la Justicia y su órgano de gobierno, y una petición unánime de las siete asociaciones de jueces y fiscales de que el señor Catalá presente su inmediata dimisión. Sorprendente, increíble final (por ahora) de la polémica sentencia. Es la primera vez que vemos tanta unanimidad en el estamento judicial y la única que la encontramos en sus asociaciones profesionales. El episodio tiene ya todos los ingredientes para ser calificado como guerra institucional. Es el nuevo conflicto, para añadir a la crisis territorial, al Gobierno en caída libre y a los escándalos que se suceden. Solo faltaba ahora un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial para transmitir una imagen caótica del país.