Cuando en una democracia hay desgobierno, todo es populismo y desorden. Eso es lo que sucede en una España en la que el Ejecutivo está desbordado, atemorizado por su debilidad y sometido al chantaje de unas minorías que le venden sus votos a cambio de escandalosos privilegios que aumentan la desigualdad entre comunidades. Un Gobierno que solo se mueve a favor de la corriente que le dicta la calle o la presión mediática. Que reacciona ante cada nueva crisis de forma descontrolada. Y que, para tratar de protegerse, acaba perdiendo los papeles y socavando el Estado de derecho y la separación de poderes, como hizo ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, o como ya había hecho antes el de Hacienda, Cristóbal Montoro, desautorizando al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
No es de recibo que ante la comprensible ola de indignación ciudadana por una sentencia sumamente polémica como la que condena a los cinco miembros de La Manada por abuso sexual, y no por violación, el Gobierno anuncie en caliente una reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales. Y resulta absolutamente irresponsable que ante esa misma presión ciudadana un ministro de Justicia cuestione la independencia del Poder Judicial sembrando sospechas sin concretar, y a toro pasado, sobre uno de los magistrados que han juzgado el caso. Algo que ha provocado un gravísimo conflicto institucional y que acaba consiguiendo lo contrario de lo que persigue, es decir, que los jueces salgan en defensa del autor de un voto particular impresentable que califica de «jolgorio» un episodio atroz en el que una mujer es sometida sexualmente de forma depravada.
Un Gobierno en minoría tiene limitada su capacidad para imponer su propio criterio político. Pero un Ejecutivo no puede rectificarse a sí mismo cada día en base a la reacción que provoquen sus propias decisiones o actuar y legislar en función de las protestas ciudadanas. El mismo Gobierno que nos aseguraba que no había dinero para subir las pensiones acaba aplicando esa medida cuando las manifestaciones le desbordan. El Gobierno para el que la equiparación salarial entre hombres y mujeres no era una prioridad termina prometiendo reformas para acabar con la brecha salarial ante la presión de la calle. El Gobierno que respaldaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acaba repudiándola cuando la oposición amenaza con dejarle en minoría. La sensación es de debilidad, descontrol y desgobierno.
Ejercer el poder es algo más que seguir el dictado de las masas o que sumar mayorías parlamentarias con el único objetivo de mantenerse en el Gobierno. Decía el poeta y diplomático Saint-John Perse que «la democracia, más que cualquier otro régimen, exige el ejercicio de la autoridad». Si el Ejecutivo del PP no se siente capacitado para ejercerla, o considera que su minoría le impide imponerla con la independencia necesaria, lo que debería hacer es renunciar cuanto antes y disolver el Parlamento, pero no debilitar el Estado de derecho para ponerse a salvo.