Tras el éxito abrumador de la manifestación por la oficialidá del pasado 21 de abril y el cambio de posición de la FSA de Adrián Barbón al respecto; todo el mundo da ya por sentado que la próxima reforma del estatuto de autonomía asturiano conllevará la oficialidad de las lenguas propias de Asturies, el asturiano y el gallego-asturiano. No obstante, una reforma estatutaria no es algo que se deba hacer a la ligera y es una ocasión única que hay que aprovechar para mejorar la vida política asturiana que, convendrán conmigo, tiene varios déficits. Intento en este artículo apuntar a uno de los mayores y hacer algunas propuestas para el nuevo estatuto.
De hecho, si pudiésemos resumir la vida política asturiana con una imagen, ésta sería la de una persona haciendo crucigramas esperando el autobús o jugando al candy crush con el móvil mientras espera a alguien. La legislatura está agotada. Las personas que ostentan el poder institucional ya no tienen ningún poder, las que sí lo tienen, aún no tienen ningún puesto institucional detrás. El equilibrio de fuerzas entre los diferentes partidos ha cambiado por completo: Ciudadanos es más fuerte, Foro y PP más débiles y casi seguro que la relación de fuerzas entre los partidos de izquierdas no es la misma que en 2015. Sin embargo, estamos todos secuestrados. No por Javier Fernánez, refugiado en su torreón, inmóvil a cualquier tipo de cambio, sino por nuestro propio estatuto.
Y es que mientras otras comunidades autónomas como Cataluña o Galicia permiten que los parlamentos puedan ser disueltos a voluntad del presidente autonómico, nuestro estatuto impone restricciones absurdas que no sólo cercenan la autonomía de los poderes públicos asturianos, sino que hacen que estemos pagando los platos el conjunto de los asturianos: Presupuestos prorrogados e imposibilidad de negociación son la consecuencia, en gran medida, de que la correlación de fuerzas parlamentarias no representa en estos momentos la correlación de fuerzas en la sociedad (y para comprobarlo, basta con mirar cualquier encuesta) y que el estatuto no da salidas viables a este problema. Si hoy disolviese el parlamento Javier Fernández, la nueva cámara duraría un año, hasta mayo del año que viene, si lo intentase hacer el mes que viene, ya no podría, pues quedaría menos de un año para que acabase la legislatura. Así de absurdamente restrictivo el Estatuto.
Ante la nueva reforma, es necesario que el parlamento que vamos a elegir en 2019 y que va a abordar una reforma del estatuto, debata sobre una serie de puntos que también necesitamos tratar para poder mejorar en gran medida la vida política asturiana. Esta reforma, en lo relativo a la disolución del estatuto, debe pasar por permitir que el Presidente del Principado pueda disolver el parlamento ante un impass sin imponer ningún tipo de limitación a la nueva cámara ni exigir, nunca más, que Asturies se tenga que sincronizarse con otras comunidades autónomas que tienen partidos diferentes, dinámicas diferentes, lógicas diferentes, competencias diferentes y problemas diferentes a los nuestros.
Además, si queremos ir más allá del problema evidente de funcionar con una legislatura agotada (con las prórrogas presupuestarias que esto implica) podemos hablar de democratizar el sistema político y abrir el debate yendo un paso más allá. ¿Por qué dejar la disolución en manos de una única persona -el Presidente- y no de la mayoría de la cámara? Tal vez, recentrar la vida política alrededor del parlamento sea lo mejor en un país tan plural como es el nuestro, con nada menos que 6 partidos en el parlamento. ¿Por qué no permitir que sea un voto de la cámara por mayoría absoluta o cualificada el que permita que la Xuna Xeneral se auto-disuelva?