La primera tentación del articulista es no escribir sobre esto. Buscar otro tema de actualidad. Cifuentes, Cataluña, los Presupuestos, el carajal de Podemos. Cualquier excusa que permita salvar el expediente y pasar de este cáliz amargo que supone la confirmación de que cinco animales que han utilizado el cuerpo de una mujer como un juguete al que después de dejarlo roto se arroja a la basura no han sido condenados por violación, sino por un abuso sexual continuado. Pero, superada esa cobarde inclinación a borrarse del mapa, uno se ve en la obligación moral de abordar la cuestión. La repercusión de este caso va mucho más allá de los trece años de diferencia entre los nueve a los que han sido condenados y los 22 que solicitaba la fiscalía.
Era evidente que, después de la enorme alarma social que ha generado este proceso, alentada por algunos medios que ya habían dictado sentencia, cualquier fallo que no implicara la máxima condena sería recibida con decepción y protestas. Resulta por eso comprensible la indignación ciudadana. Más discutible es, sin embargo, la reacción de algunos medios y, peor aún, de muchos juristas, que apenas conocido el fallo, y sin haberse publicado siquiera la sentencia, se lanzaron ya a descalificar a los jueces que la firman. En un Estado de derecho con plenas garantías democráticas, y nadie en su sano juicio puede pensar que España no lo sea, las sentencias judiciales, sean cuales sean, deben ser acatadas y respetadas, lo cual no quita para que puedan ser criticadas. Lo que no cabe es achacar a los magistrados que han juzgado este caso el haber tomado una resolución a sabiendas de que es injusta, que es lo que están haciendo algunos.
Pese a la enorme presión mediática, el juicio a La Manada se ha celebrado con todas las garantías de la ley, por repugnantes que hayan sido las estrategias de los acusados y de su defensa. Y, tras examinar con imparcialidad todas las pruebas, tres jueces han llegado a la conclusión de que, con la actual legislación, no se trató de una violación. Aunque admito tener muchos menos elementos de juicio, yo mismo no comparto esa interpretación, a luz de lo que he leído y escuchado sobre este caso. Y espero que el recurso permita ampliar la penas sobre unos acusados que me producen repulsión, sean o no violadores.
Pero, al igual que casos como el del asesinato del pequeño Gabriel Cruz o el de Diana Quer, que han provocado un enorme debate en torno a la prisión permanente revisable, nos indican que la indignación ciudadana no justifica el que se legisle en caliente, tampoco el caso de La Manada debería ser utilizado para cuestionar el sistema judicial español, porque tampoco los jueces pueden dictar sentencias en caliente o en función de la alarma social y la presión mediática.
El precio de la democracia es muchas veces el tener que soportar sentencias tan dolorosas como esta. Será la Justicia la que determine si debe ser revocada. Pero el caso debería servir también para reflexionar sobre los juicios paralelos de algunos medios que convierten en espectáculo el dolor de una víctima.