Abundan los cantores al capitalismo y su intrínseca perfección. Pero con el capitalismo pasa como con la inmortalidad que, como decía Borges, es una convicción rarísima. De hecho, las palabras que definen la esencia del capitalismo se refieren siempre a una parte de la población, nunca se dicen para todos, como sería el caso si se dijeran en serio. Cuando se habla de competitividad o eficiencia se habla siempre a los de abajo. La competitividad y la eficiencia se invocan para despidos, bajadas de salarios o mermas de los servicios públicos. Los grandes sólo compiten cuando no hay más remedio. Los grandes de verdad intentan siempre eludir la competencia. Prefieren tratar con los poderes públicos como decía aquel personaje de Chirbes, «se necesitan ceremoniales, ritos, saber […] cuándo tienes que seducir, acariciarle la nuca a alguien, hablarle suavemente al oído, rozándole con los labios la oreja, cogerlo por los riñones, abrazarlo, acariciarle los lomos, […] cuándo toca dejar caer una frase que sabes que se le ajusta al otro entre dos miedos y trabaja como una palanca […] conocer en qué punto una pizca más de presión quiebra el caparazón». Sin embargo, cuando se utiliza la palabra libertad, nunca se habla para los de abajo. Los cantos a la libertad siempre son para proteger intereses de las alturas. La enseñanza sabe mucho de esas cosas. Si oímos sostenibilidad o eficiencia, es que aumentará el número de alumnos por aula o desaparecerán desdobles de idiomas. Si oímos libertad, siempre habla el Opus, el obispado, el PP o la Concapa. Precisamente ellos, a quienes nada debe ninguna de nuestras libertades. Siempre es algún poderoso o representante de poderosos porque a ellos se dirige la palabra libertad, por hermosa que sea tal como está en el diccionario.
Y en nombre de esa libertad que no va en serio se vienen entregando cada vez más recursos públicos de la enseñanza a la Iglesia. Si no fuera por intereses ideológicos espurios, sería fácil convenir los límites o la conveniencia de la concertación de centros. Los límites son dos: no se puede emplear dinero público para desregular de hecho la educación; y no se puede emplear dinero público para que la educación intensifique la segregación social. Hay desregulación de hecho cuando no suceden las cosas como prevén las leyes. Hay segregación social cuando el sistema educativo no corrige las diferencias de oportunidades de quienes nacen en familias mejor y peor acomodadas. Si las leyes dicen que España es un estado laico en el que tenemos derecho a una educación de la máxima calidad ajena a dogmas religiosos, pues exactamente eso es lo que debe ocurrir y la obligación de los poderes públicos es que eso sea lo que ocurra. La segregación social, el hecho de que haya una correlación entre nivel de estudios y nivel económico o social, debe combatirse por tres motivos: porque es injusto social e individualmente; porque es ineficiente para el país; y porque es peligroso en sociedades con cada vez más mezcla de culturas porque se contribuiría a la creación de guetos. Quienes crean que tiene su función la concertación de centros no deberían tener problemas para aceptar estos dos límites obvios: que no se creen situaciones de hecho desreguladas y que el sistema educativo no cree segregación.
Pero la vocación de adoctrinar a través del sistema educativo es feroz. Se denunció, tal vez con razón pero desde luego con hipocresía, la voluntad del nacionalismo de adoctrinar en la escuela. Pero la hostilidad indisimulada del PP con la enseñanza pública y la desmesura con que fomentan y favorecen la enseñanza concertada no tiene más fundamento que la apetencia de que la Iglesia influya lo más posible en la enseñanza; es decir, el adoctrinamiento puro y simple. El soporte argumental es esa palabra que nunca se dice en serio para todos: la libertad, que se quiere confundir torticeramente con desregulación y falta de reglas, con no poner trabas a que los centros de la Iglesia puedan elegir el tipo de alumnos que quiere formar y los padres puedan elegir el tipo de compañías que quieren para sus hijos, todo ello a cargo del dinero de todos. Si hubiera alguna forma de enfocar civilizadamente la concertación de centros, desde luego no sería esta.
El Tribunal Constitucional dice que llevar la segregación a la segregación por sexos y que lo paguemos todos es constitucional. Las diferencias de criterio de estos tribunos según qué partido los haya puesto ahí siempre es sospechosa, pero no soy constitucionalista, puede ser que sea constitucional. Y seguro que sería constitucional una ley que obligara a que todos los hospitales se pintaran de color fucsia, lo que no quiere decir que sea razonable. La constitución pone límites y dentro de ella caben muchos disparates. El fallo del Tribunal Constitucional no pone razón ni sinrazón al disparate de que se paguen con fondos públicos colegios que segregan por sexo. El hoy embajador Wert, que sigue riéndose del país mientras se solaza en sus doradas canonjías, había dicho en su día que los países sajones tienen mucha tradición de separación por sexos. Las razones por las que los americanos tienen hasta universidades femeninas son muy variadas y algunas quieren ser progres: poner a las mujeres a salvo del efecto inhibidor del género socialmente dominante para que desarrollen su propia voz y personalidad sin esa compañía limitadora. Hay tradiciones para todo. Pero aquí en España es evidente que sólo segregan por sexo los colegios del Opus y otras sectas ultracatólicas. Es evidente que por eso es por lo que el embajador Wert hizo legal que se financiara a esos colegios fundamentalistas. Las razones por las que en España hay colegios que separan por sexos, ahora a cargo de todos, no tienen que ver con ningún dimorfismo cerebral de hombres y mujeres, ninguna diferencia de rendimiento acreditada, ni ninguna variación en el ritmo de desarrollo personal y emocional entre chicos y chicas.
Los motivos son prácticamente los que se leen en la encíclica de Pío XI Divini illius magistri de finales de los 20, con pocas modificaciones para la galería. Separan por sexos por dos tipos de razones. Por un lado, estas órdenes religiosas creen que el hombre y la mujer son distintos, tienen distinto papel en la sociedad y deben ser educados de manera diferente para esos papeles. Y en eso son francos: nunca se separaron grupos humanos con la intención de llevarlos al mismo sitio. Por otro lado, este tipo de católicos creen que la proximidad de chicos y chicas es en sí pecaminosa o al menos es occasio proxima peccati y asegura mejor el recato y virtud su prudente separación. Todavía en estos días el Opus Dei propaló que las vestimentas y maneras de las chicas pueden ser la causa de agresiones. En documentos recientes se sigue insistiendo en el convencimiento eclesial de que la enseñanza es subsidiaria de la familia y la Iglesia. No puede sorprender que la Iglesia lo crea así. Ni tampoco que las leyes de todos y para todos dejen claro que la enseñanza no es subsidiaria de la Iglesia. Se preguntaba en la radio Miguel Presno si podría ser legal la existencia de colegios para blancos y para negros y si la segregación por sexos y la segregación por razas deberían tener distinto tratamiento legal. La pregunta es interesante. Pero incluso si admitimos la legalidad de centros que segreguen por sexos, por razones de tradición, el Estado tiene que estar tan lejos de la idea de que hombres y mujeres tienen cometidos distintos y que su proximidad es insana como lo está de que la enseñanza es subsidiaria de la Iglesia. Los adefesios de Cifuentes o Puigdemont están creando un ruido que no nos permite oír las tajadas de pasado que están agrietando nuestra convivencia. No basta con que la constitución permita que se pague a colegios retrógrados. Se necesitan ministros arrobándose ante la cabra de la legión cantando el novio de la muerte y banderas a media asta en Semana Santa para que la enseñanza se impregne de esa carcundia. Es difícil olvidar las palabras de Rubalcaba para entregar los votos socialistas a la formación de este Gobierno. Que le iban a sacar al PP las muelas sin anestesia, decía.