El entendimiento solo es posible desde un acuerdo previo en la percepción de la realidad y en el lenguaje que usamos para referirnos a ella. Cuando esto difiere, la comunicación se hace imposible, salvo que se haga un esfuerzo de buena voluntad para encontrar una definición común de los fenómenos. Esto es lo que falla en Cataluña y por eso es imposible el diálogo. Los independentistas viven en un mundo paralelo, nacido de la pasión de una idea. Y ya se sabe que la pasión es un arma de doble filo, raíz de grandes logros para la humanidad, pero también de las mayores barbaries cuando intenta trasladarse a los demás desde la imposición, aunque sea ideológica. Es conocida la fuerza del lenguaje para manipular la realidad y generar mundos ilusorios, que es lo que está ocurriendo en Cataluña y extendiéndose como un virus en los propensos a la insurrección. Pero una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita, ni aunque convenga a la perspectiva ideológica.
Porque no es cierto que haya presos políticos ni los políticos encarcelados lo están por sus ideas políticas. Están en prisión por utilizar las instituciones de todos para imponer las aspiraciones políticas de una parte y hacerlo, además, pisoteando las leyes que a todos nos obligan, y muy especialmente a aquellos en quienes delegamos el mando. Utilizar el poder para quebrar la legalidad e imponer por la fuerza una nueva es, por definición, un golpe de Estado. Y es obligación de los poderes, el judicial señaladamente, defender las instituciones que nos hemos dado entre todos y que a todos nos sirven. Esta es la verdadera causa de la democracia, y no la defensa de quienes atentan contra ella. Ni una parte de la sociedad, por amplia que sea, ni una parte del territorio, por poderoso que sea, tienen derecho a imponerse al conjunto por la fuerza de los hechos. Y una votación ni unas elecciones pueden legitimar aquello para lo que no están previstas. Los procedimientos son consustanciales a la democracia, y si se desprecian aquellos se diluye esta.
El ingreso en prisión de los líderes independentistas es dramático, en lo personal y en lo político. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del juez que ejerce su obligación de defender la ley y que si se excede puede ser corregido por las instancias judiciales superiores? ¿O de los políticos que conscientemente vulneran la ley y que insisten en ello incluso estando advertidos en un auto de libertad provisional? Porque no hay atajos legales. Porque por mucho que disguste la realidad, es la que es, y quien quiera transformarla a la fuerza sabe el precio si fracasa. No todo es posible. Y tergiversar la realidad no la cambia. Ni el 155 ni la Justicia impiden gobernar a los independentistas. Son ellos los incapaces de ponerse de acuerdo para hacerlo. Al menos dentro de la legalidad. Cuando la asuman, ejercerán el mandato de las urnas. Y cuando acepten una visión compartida del mundo que nos rodea, seremos capaces de recuperar la convivencia. Y a todos nos irá mejor.