El artículo 50 de la Constitución dice que «los poderes públicos, garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad».
Esto significa que las pensiones tienen la consideración de gastos obligatorios. Por eso, nuestra primera exigencia al Gobierno -que tan vehemente es en instar a los demás a que cumplan la ley- es que practique lo que manda la Constitución. Y que desista de intentar regularizar en este país un sistema privado de pensiones.
Si tenemos en cuenta que el gasto en pensiones de España está en el 11,4% del Producto Interior Bruto mientras que la media de la Unión Europea está en el 13,5% y países como Portugal, Alemania o Italia emplean en torno al 15%, podemos afirmar que el problema de las pensiones no es técnico sino político. Radica en dónde el Gobierno español decide gastar el dinero que tenemos, si en pensiones o en rescatar autopistas y bancos.
No estamos ante un problema de gasto, sino de ingresos que garanticen la suficiencia de recursos, y para esto es fundamental que, de manera inmediata, el Gobierno deje de utilizar la caja de la Seguridad Social para bonificar la contratación indefinida a las empresas y para pagar los gastos de funcionamiento de la propia administración.
También es necesario que destope las bases máximas de cotización para que los que más ganan coticen por todo lo que perciben. Asimismo, es crucial derogar la reforma laboral, que lo único que ha traído es precariedad, desigualdad y pobreza y que hace que sea imposible sostener con cotizaciones el sistema público de pensiones.
Igualmente urge poner en marcha una reforma fiscal integral, que luche contra al economía sumergida. Y tendremos que ir pensando que los robots deben empezar a cotizar, porque hoy en día se fabrica lo mismo que hace cincuenta años con muchos menos trabajadores, y todo ese beneficio que se llevan las empresas hay que redistribuirlo equitativamente. Dicho de otra manera, hay que empezar a gravar las rentas del capital, dejando claro que en ningún caso se puede buscar la viabilidad del sistema público de pensiones con impuestos a pagar por los ciudadanos, porque entonces estaríamos en las mismas.
Por eso exigimos que se deje de invertir tanto tiempo en buscar argumentos, muchas veces inexactos o falsos, sin informes técnicos objetivos e independientes que los amparen, y que solo sirven para justificar el no hacer nada. Y, sobre todo, exigimos respeto para los pensionistas por parte de todos esos personajes del ámbito económico y gubernamental que han tratado últimamente de desprestigiarlos con ridiculeces tales como si tienen hipotecas o no o con vincular su pensión a si viven mucho o poco.
Bastante tienen ya los jubilados y jubiladas con esa «subida de mierda» de la pensión de uno o dos euros, sin tener en cuenta copagos o lo que sube la luz.
Por todo esto, la Unión General de Trabajadores no va a negociar ninguna subasta -si la subida es de 2 o 5 euros-, puesto que lo que es imprescindible es derogar la Reforma Laboral del PP del año 2013. Para ello estamos movilizándonos desde hace tiempo por las carreteras y los pueblos de España, porque la dignidad es lo único que no les puede quitar el gobierno de este país a los y las pensionistas. Y con ellos estaremos los jóvenes (muchos todavía no se han enterado que somos los grandes perjudicados).
Mientras tanto, el máximo agradecimiento de la Unión General de Trabajadores a las personas mayores, porque son quienes apoyan económica y materialmente a los hijos y cuidan a los nietos proporcionándoles sobre todo afecto, tiempo, protección y seguridad.
Por eso decimos que un país, que un Gobierno y que un presidente, que no protegen, ni respetan, ni reconocen su labor social, son un país, un Gobierno y un presidente indignos.