Ricardo Costa, exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana, confesó que su partido se financió con dinero negro. Lo relató en la Audiencia Nacional este martes pasado, donde se investiga la financiación ilegal durante las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 por parte del Partido Popular. Parece ser que ahora quiere colaborar con la justicia, aunque todo apunta a un ajuste de cuentas con Francisco Camps, al que ahora acusa de tomar todas las decisiones. Pero a nivel de calle, ¿ha pasado algo? ¿Hay más banderas de España colgadas de las ventanas en señal de protesta? ¿Ha dimitido o ha pedido perdón alguien? Nada de nada.
Algo así denota y ejemplifica muy claramente hasta qué punto lo que debería ser un escándalo y un castigo severo a los partidos políticos que no se limpian de corrupción es, por el contrario, un tema en el que sobre todo los partidos de la derecha quedan inmunes. A la antigua Convergencia le ha pasado exactamente lo mismo en el caso Palau y el PdeCat, aunque intente dárselas de nuevo, no ha hecho otra cosa que cambiar de nombre al partido, pero sus dirigentes siguen siendo los mismos que cometieron todas esas ilegalidades.
Al final uno piensa que se hace repetitivo quejarse y ver que el nivel de reacción ciudadana es prácticamente nulo. Puede que hayamos perdido o estemos perdiendo a marchas forzadas la creencia de que colectivamente es como se consiguen cambiar las cosas. Parece que solamente aquello que llega al sentimiento, como pueda ser las tesis independentistas, son las que mueven a las personas. Malos tiempos para la lírica cuando se necesita más que nunca a la política honrada y capacitada para recuperar nuestro bienestar, que tampoco parece que nos haya indignado lo suficiente con que a nuestros pensionistas se les haya subido un 0,25% la paga mensual.
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