El proceso independentista parte de un presupuesto radicalmente falso: que tal decisión se puede tomar de forma unilateral porque solo a ellos les afecta. La encuesta de Sondaxe muestra que a los gallegos nos interesa, afecta e importa todo cuanto suceda en Cataluña, porque forma parte de nuestro espacio común. Pretender negarnos la voz y la capacidad de incidir en una decisión que nos perjudica, como tienen claro la inmensa mayoría de los gallegos, es una tropelía más de las muchas que han cometido los independentistas. Los espacios de convivencia se corresponden con los espacios de decisión, y negar el uno supone negar el otro. Un sistema político no se puede despiezar a conveniencia ni se puede jugar con la legalidad según convenga. Son principios democráticos básicos irrenunciables. Y eso es lo que defienden los gallegos cuando apuestan decididamente por un triunfo electoral de las fuerzas constitucionalistas. Se trata de una cuestión elemental, tan obvia que resulta difícil entender que se pueda someter a controversia. Poner entre paréntesis las reglas del juego es tanto como poner en entredicho la sociedad misma. Por eso es fundamental que no haya duda alguna de que en ningún caso el próximo Gobierno catalán vaya a eludir la legalidad constitucional, ni de obra ni por omisión, ni vaya a jugar al gato y al ratón con ella, como ha hecho el Ejecutivo de Puigdemont. España no puede estar sometida a un cuestionamiento sistemático, como si cada día hubiera que replantearse qué es. Nada ni nadie soporta tal escrutinio. Se puede y se debe discutir hacia dónde queremos ir, pero no lo que somos.